Luis Ignacio Velásquez
Este día será fundamental para el diputado electo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Gustavo Díaz Sánchez, por el Distrito I con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa, toda vez que el juez de control del estado de Veracruz que conoce su causa resolverá si lo vincula a proceso por los presuntos delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de estupefacientes y ultrajes a la autoridad y, por tanto, mantiene la medida cautelar de mantenerlo en prisión, lo que le impediría ocupar su curul.
De acuerdo al abogado especialista en derecho parlamentario, Hugo Omar Cruz, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece que si un diputado electo no acude a la instalación de la legislatura, el representante popular tiene 10 días para integrarse, en este caso, a la 65 Legislatura, cuya toma de posesión se realizará el próximo 13 de noviembre y dos días después entrará en funciones; de lo contrario, se declarará vacante el puesto.
El tema se complica para la fracción parlamentaria del PRI, porque el pasado 9 de septiembre, Miguel Lucas Jacobo, diputado suplente electo de Díaz Sánchez, falleció de un paro cardíaco.
Entonces, en este momento, ¿cuál es la situación legal del diputado electo?
-Bueno, a él le fue dictada una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y está privado de su libertad; si el juez lo vincula a proceso y mantiene la medida cautelar de prisión preventiva, sería difícil que ocupara su curul y, por tanto, el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) tendría que llevar a cabo una elección extraordinaria.
¿Y en caso de que se retire la medida cautelar, aunque sea vinculado a proceso?
- En este caso, Gustavo Díaz Sánchez podría acudir al Congreso del estado para solicitar su acreditación y cumplir con sus funciones de legislador.
El profesionista destacó que no se debe olvidar que los derechos-político electorales no pueden afectarse hasta en tanto no exista una sentencia firme en contra de una persona, es decir que se hayan agotado todas las instancias judiciales y, al final, se haya establecido la responsabilidad de la persona en los actos delictivos que se le imputan. “El proceso, de darse, podría ser muy largo, incluso, la legislatura podría concluir y el proceso aún mantenerse; el problema aquí es la medida cautelar que los priva de su libertad y por ello no podría acudir a las sesiones del Congreso".
Destacó que en el supuesto de que se vincule a proceso a Gustavo Díaz Sánchez no significa que es culpable o que ya está sentenciado, sino que apenas se van a llegar a cabo las investigaciones para ver si tiene responsabilidad o no en los hechos que se imputan; por eso el problema es la medida cautelar dictada por el juez.
