Según el Gobierno federal, la SCJN se excedió con esta decisión, toda vez que el marco legal establece que el ámbito electoral no es susceptible de controversias constitucionales.
El secretario de gobierno, Jesús Romero López, señaló que en la protesta social deben coexistir dos principios constitucionales: la libre expresión de ideas o manifestación y la garantía de libre tránsito de los ciudadanos.
El Gobierno del estado de Oaxaca invalidó los acuerdos con el grupo de indígenas triquis que mantienen un plantón frente al acceso principal de palacio de gobierno.
La Auditoria Superior de la Federación ubica a Oaxaca dentro de los 12 estados del país con mayores irregularidades en el manejo de los recursos federales.