Octavio Vélez Ascencio
Después de recurrir a la DDHPO, el exiliado en la Unión Europea desde el 2013, Juan Sosa Maldonado requirió ahora la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para poder regresar a México.
En una carta dirigida a la presidenta de ese órgano constitucional autónomo, Rosario Piedra Ibarra, el activista social –encarcelado en la década de los 90 por supuestamente pertenecer al EPR–, afirmó que cuando fue víctima de desaparición forzada, el 15 de julio de 1998, desnudo, amarrado de pies y manos, sometido a torturas físicas y psicológicas por policías en el sexenio del entonces gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, su única preocupación era salvar la vida.
“Semanas después, cuando fui trasladado desde la ciudad de Oaxaca a Matías Romero, a más de 300 kilómetros de mi hogar, para ser presentado ante las autoridades ministeriales, el objetivo era lograr la libertad de lo que comenzaba a ser mi prisión política”, asentó.
Ante esta situación, expuso que su esposa inició una incansable búsqueda en prisiones y hospitales en Oaxaca, así como recurrió a organizaciones defensoras de derechos humanos en la Ciudad de México, donde pudo conocer a su madre, Doña Rosario Ibarra de Piedra.
“En ella, encontró la fortaleza y la esperanza para seguir buscándome. Fue a mediados de agosto de ese año 1998 cuando llegó a las mazmorras de aquella prisión regional, fue en ese momento que, sobreponiéndonos a las amenazas, decidimos enfrentar al diodorismo”, anotó.
Subrayó que segregación e incomunicación, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, fueron la constante en aquellos casi tres años de procesos judiciales prefabricados, donde conoció la falta de independencia del Poder Judicial y la dependencia del Legislativo frente al Ejecutivo.
“Sin embargo, el acompañamiento y la movilización constante de familiares, del magisterio oaxaqueño y de organizaciones sociales, pude obtener mi libertad y hacer visible los viejos métodos represivos del Estado mexicano en contra el pueblo pobre y en contra de los indígenas del país”, asentó.
"Justicia que llega tarde no es justicia"
Destacó que como exiliado desde antes de la llegada de un nuevo gobierno federal en 2018 ha insistido en la necesidad de atender su situación, pero ninguna dependencia, incluida la CNDH, ha ofrecida una respuesta favorable.
“Esta es una atenta y respetuosa solicitud de atención porque justicia que llega tarde no es justicia”, anotó.
Sosa Maldonado dijo que la competencia no solamente recae en el actual ocupante de Palacio Nacional, sino también en aquellos funcionarios quienes por omisión y comisión son responsables de la falta de respeto a los derechos humanos en México.
