Por ocho meses los municipios de la zona conurbada y la propia ciudad de Oaxaca arrastran una crisis de inadecuado manejo de residuos sólidos urbanos, la cual rebasa a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, cuyas medidas de sanción son insuficientes y fáciles de evadir.
La postura más deliberante en materia ambiental la mantiene el municipio de Oaxaca de Juárez, que con dos tiraderos a cielo abierto improvisados en las riberas del Río Atoyac, en la zona aledaña a la Central de Abasto, acumula multas cercanas a los 3.5 millones de pesos.
Crisis ambiental
Desde julio de 2022 se empezó a restringir el acceso al tiradero de la Villa de Zaachila que recibía residuos sólidos de 26 municipios, incluyendo Oaxaca de Juárez, y en el mes de octubre se cerró de manera definitiva, sin que las autoridades locales alcanzaran a tener su propio relleno sanitario o uno en común.
Sin que ninguna autoridad lo impidiera, Oaxaca de Juárez comenzó a ocupar unas partes planas de la riberas del Río Atoyac que se conoce como playón, para abrir un tiradero a cielo abierto y le secundó la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), cuyos agremiados, a cambio de un pago, recolectan los residuos sólidos de particulares.
El 13 de abril de este 2023, en una edición del programa en la televisora oficial Jueves de Gozona, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que en un mes ese playón quedaría limpio de residuos, pero sólo las autoridades municipales han intentado liberarlo con el envío en góndolas a rellenos sanitarios de otros estados.
El Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos que el pasado 17 de abril anunció el gobernador en 16 hectáreas de San Lorenzo Albarradas, a 66 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca, tampoco ha podido iniciar su construcción por la polarización de posturas que evidenció el rechazo de la población.
Malas prácticas
La magnitud del problema de los tiraderos a cielo abierto que habilitan los municipios no corresponde al número de expedientes que ha iniciado la Procuraduría de Protección al Ambiente, ya que en 2022 sólo inició cinco en contra de tres municipios y en este 2023 apenas siete, incluyendo dos municipios reincidentes: Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán.
Los expedientes en materia de residuos sólidos e impacto ambiental ha permitido que únicamente en cinco municipios se clausuren los tiraderos a cielo abierto: Villa de Zaachila, Ocotlán de Morelos, Santa Gertrudis Zimatlán, San Pablo Huixtepec y apenas el pasado viernes Villa de Etla, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.
En el expediente 35.2/SEMAEDESO/SNEGA/DPA/DPA/036/2021 se da cuenta que el 13 de mayo de 2022 se resolvió multar con 202 mil 62 pesos a Villa de Etla por lo que las autoridades municipales llamaban centro de acopio, un predio ubicado detrás de la ampliación del panteón municipal y el centro de readaptación social.
Desde esa fecha, las autoridades de la Villa de Etla debían contar con un piso firme en la zona de clasificación para evitar la filtración de lixiviados, delimitar el predio mediante una cerca, definir zonas de almacenamiento y otras medidas correctivas que no realizó.
Tras reuniones con las autoridades ambientales, el municipio de Villa de Etla consiguió que este miércoles se levantara la clausura a su tiradero a cielo abierto para intentar “limpiar” las 200 toneladas de basura acumulada.
La regidora de educación y desarrollo ambiental, Araceli Hernández Matadamas, explicó que han presentado un plan integral que incluye compactar las 200 toneladas de basura acumuladas y buscar un convenio con la cementera Cruz Azul para enviarlas en pacas de 40 kilos que les sirvan como combustible de sus hornos.
“Es la salida más viable”, asegura la regidora de un municipio en contra del cual se inició un procedimiento desde 2019 en ese sitio por una denuncia de mal manejo de los residuos sólidos en lo que se pretendía fuera “una estación de transferencia para separación de residuos”, que por el manejo inadecuado terminó como tiradero, en el cual se presentó un incendio en enero pasado y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca levantó una nueva acta de la cual todavía está pendiente una sanción por no cumplir con las medidas de mitigación de daños.
Renuentes
En las malas prácticas ambientales, para el titular de esta Procuraduría, José Ernesto Ruiz López, Oaxaca de Juárez es “la joya de la corona”, no sólo por los procedimientos que acumula sino por su reiterada omisión en el cumplimiento de la normatividad,
“Tiene dos tiraderos instalados a un costado del Río Atoyac; ya tienen sanciones en este momento que superan los 3.5 millones de pesos y viene una resolución más, es decir va a haber otra multa y lógicamente lo que esperaríamos del municipio es que se acercaran a la Procuraduría”.
Los acuerdos entre los municipios que no son reincidentes facilitan que en vez de pagar las multas puedan acordar invertir el recurso en el saneamiento del tiradero municipal que incluya el traslado de estos residuos hacia otro sitio para su adecuada disposición final, sin embargo la mayoría de municipios, comenzando por el de Oaxaca de Juárez “esquivan su responsabilidad”.
