Oaxaca es uno de los estados del país en donde más se vulneran los derechos humanos, ubicándose en el lugar número 14 de la lista elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la publicación del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2017.
Y de la mano, las cifras posicionan a la entidad en los primeros lugares en donde existe menos respuesta ante violaciones a derechos humanos.
Justicia lejana
Si bien es cierto que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se encuentra entre los siete estados que abre un expediente a todas las quejas ciudadanas que recibe, alcanzando en el 2016 un total de 3,328 quejas atendidas y el mismo número de expedientes iniciados, así mismo 870 ciudadanos permanecieron en la espera de una resolución a su caso durante el año referido.
DDHPO
Segundo lugar a nivel nacional de rezago en recomendaciones
Entre los 10 organismos con menor promoción de los derechos humanos
Tercer lugar con sus propios servidores sancionados
7 meses de retraso en Informe Anual
2 recomendaciones con fecha retroactiva
La atención médica también es un derecho negado a los ciudadanos. FOTO: Emilio Morales Pacheco
La misma situación atravesaron 431 personas en el 2015, y 261 del periodo de 2012 a 2014, hecho que resulta contradictorio al artículo 45 de la Ley Orgánica del organismo, misma que señala que estos procedimientos deben ser ágiles, sencillos y breves, para evitar las prácticas discriminatorias y los formalismos innecesarios.
Tal contexto ha colocado a la Defensoría como la segunda a nivel nacional con más expedientes rezagados, existiendo resoluciones que demoran hasta cuatro años en emitirse.
Además, el organismo defensor omite realizar recomendaciones a los servidores y/o funcionarios públicos de las dependencias gubernamentales, pues en su mayoría, estas se sustituyen con la mediación y conciliación.
Y de las 102 medidas y acciones para proteger los derechos humanos de los ciudadanos que se emitieron durante el año 2016, el 90 % de ellas corresponde a apercibimientos o amonestaciones, evitando en lo posible la inhabilitación o suspensión de labores e impidiendo que el caso denunciado pueda ser presentado ante una sala constitucional.
El titular de la DDHO, Arturo Peimbert Calvo. FOTO: Carlos Román Velasco
Peligra la seguridad
Oaxaca figura entre las primeras entidades con mayor número de quejas recibidas por presuntas violaciones a derechos humanos a nivel nacional.
El estudio informa que el derecho más violentado por las autoridades oaxaqueñas es el de seguridad jurídica y libertad personal, pues un 31.3 de los expedientes de la defensoría corresponde a esta situación, al igual que el derecho a la integridad y seguridad personales.
La Fiscalía General del Estado, dependencia encargada de la administración de justicia, es la autoridad con mayores denuncias por violación a los derechos humanos de los ciudadanos.
Lamentablemente -señala el jurista Job Raciel Sibaja-, son las mismas instituciones las que están abusando de su poder, otorgado por sus mismas normas.
La seguridad jurídica es esa certeza que tenemos como ciudadanos de que la norma y las instituciones nos protegen contra cualquier acto que violente nuestra esfera de derechos, independientemente de dónde provenga; la sociedad, en este momento refleja, sin ningún recato, que desconfía de las instituciones que se suponía le daban seguridad.
Hay muchas quejas y poco compromiso, argumentan las víctimas. FOTO: Carlos Román Velasco
En el Censo, también se señala a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, entre las dependencias que más denuncias reciben por vulnerar derechos humanos.
Además, cabe mencionar que la Defensoría se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en sancionar a sus propios servidores públicos.
Y es que los oaxaqueños tampoco tienen garantizado el acceso a conocer sus derechos y la trascendencia de estos, pues el organismo se ubica entre los 10 con menores actividades de promoción y fortalecimiento de la cultura sobre derechos humanos.
Opacidad en informe
La DDHPO ha emitido sus dos últimas recomendaciones con fecha retroactiva para figurar en el quinto informe de actividades del consejero presidente, Arturo Peimbert Calvo.
Peimbert Calvo, de acuerdo con la legislación de la misma Defensoría, debió haber comparecido ante la 63 Legislatura del Congreso del Estado en mayo de este año para dar cuenta de su quinto informe de actividades, ya que el último abarca hasta mayo del 2016.
De acuerdo con el portal del organismo defensor, se han emitido seis recomendaciones en este periodo, sin embargo, hasta finales de octubre, las recomendaciones 5 y 6 no eran visibles al público.
La recomendación 5/2017 fue notificada a la Secretaría de Seguridad Pública durante el mes de octubre, de acuerdo con información proporcionada por la misma dependencia; sin embargo, la DDHPO refiere en su portal que se notificó en mayo del presente año.
Con siete meses de retraso en su quinto informe, el organismo defensor realizó el pasado 14 de diciembre la recomendación 6/2017 dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián Tutla, misma que fue notificada, según el Congreso del Estado, ese mismo día a las 16:55 horas; el documento en el portal refiere fecha del 9 de mayo del presente año.
Clases de calidad y escuela digna, carencias de los niños oaxaqueños. FOTO: Mario Jiménez Leyva
No hay compromiso
De acuerdo con el amparista Jesús Matías Hernández, tales indicadores son resultado del desinterés e ineficacia del titular de la DDHPO, pues refiere que tal organismo debería estar presidido por alguien elegido por la ciudadanía y no por el Congreso del Estado.
Lamenta que a pesar de que las recomendaciones de la defensoría no obligan en un primer momento al funcionario a cumplirlas, tampoco se observe un compromiso moral en estas para garantizar la máxima justicia a quien violente los derechos de los oaxaqueños.
Así pues, refiere que los derechos humanos deben ser compromiso máximo de un estado, pues así se garantiza la dignidad humana de una persona, y asevera que el organismo debería velar porque todo ciudadano conozca y defienda los derechos que le son concedidos por el simple hecho de ser persona.
