CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- A pesar de las evidencias de la participación de elementos de Ejército Mexicano en la presunta ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya, el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria a soldados investigados por la masacre del 30 de junio de 2014.
Alteración de la escena, testimonios y peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que los militares habrían disparado contra los civiles fuera de una acción de combate.
I. De 10 a 22 muertos
Documentos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) exhiben que los integrantes del Batallón 102 tardaron en solicitar la llegada del Ministerio Público a la bodega de Tlatlaya, y que en un lapso de tres horas presuntamente se registraron 12 ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Un cabo de infantería e identificado como AR35, hizo dos llamada a distintas horas al Ministerio Público de Tejupilco para ofrecer cifras sobre el número de civiles que habrían perdido la vida, en la primera dijo que eran 10 personas, en la otra infirmó que eran 22.
Las llamadas quedaron registradas, forman parte de la evidencia documental de la investigación:
“Constancia de 30 de junio de 2014, en el que la Representación Social de Tejupilco, Estado de México, hizo constar que recibió una llamada telefónica a las 06:00 horas, de quien dijo ser AR35 cabo de Infantería del 102/o Batallón de Infantería con sede en San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, Estado de México; quien reportó un enfrentamiento entre los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y un grupo de civiles armados, resultando de dicho hecho entre 10 y 12 civiles fallecidos y un elemento de la citada Secretaría herido.”
Por lo que se inició el “acta de inicio de noticia criminal número 393000052314 por el posible delito de homicidio de fecha 30 de junio de 2014, dada a conocer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en donde se tuvo como denunciante a AR35, quien se comunicó vía telefónica el mismo día a las 06:00 horas, haciendo constar lo anterior la agente del Ministerio Público AR14”.
El cabo de infantería volvió a llamar al Ministerio Público para avisar que eran 22 personas muertas:
“Constancia ministerial de 30 de junio de 2014 en la que refiere que a las 09:00 horas de esa fecha se recibió una llamada telefónica de quien dijo ser AR35, cabo de infantería del 102/o Batallón de Infantería con sede en San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, manifestando que ya era seguro para el personal de actuaciones avanzar al lugar de los hechos en virtud de que ya habían llegado refuerzos reportando la cifra exacta de personas fallecidas, siendo 21 personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino, así como tres personas del sexo femenino en calidad de aseguradas”.
Desde las 6:30 horas ya habían llegado los refuerzos a la zona, por lo que ya no había tal enfrentamiento y a las 7:00 horas se abrió la circulación en la zona. Los propios documentos de la Sedena lo revelan.
El capitán primero de infantería al mando de la fuerza de reacción del 41 Batallón de Infantería que se encuentra basado en Arcelia, Guerrero, arribó al lugar a las 6:30 horas. Emitió una comunicación clave, el mensaje F.C.A. S-1/M-I/14718 de fecha 30 de junio de 2014, en donde SP6 informa de ’15 delincuentes abatidos’.
Los documentos evidencian que 12 personas perdieron la vida entre las 6:00 y las 9:00 horas, es decir, cuando ya no había enfrentamiento –que fue entre las 4:00 y las 4:30 horas y tuvo una duración de alrededor de 15 minutos-, además los testimonios de las mujeres sobrevivientes señalan que la mayoría de los jóvenes se rindieron fácilmente.
II. Excesos militares
Tras el enfrentamiento armado, los militares cometieron algunos abusos en contra los civiles, los cuales están documentados en la investigación y expuestas por la CNDH en la recomendación.
“(…) no pasa desapercibido que además de las lesiones de arma de fuego, algunas (víctimas) presentaron lesiones como traumatismos, excoriaciones, equimosis, entre otras, en distintas regiones del cuerpo. Según la opinión pericial emitida por este organismo nacional, las victimas V10, V12, V15 y V16, presentaron lesiones denominadas contusiones simples en la modalidad de equimosis y excoriaciones, las cuales fueron producidas con un objeto de consistencia firme y de bordes romos, que actuó mediante una fuerza externa aplicada, en un mecanismo de presión, fricción y deslizamiento, infligido por terceras personas”.
Las lesiones no se generación en una acción de enfrentamiento, sin embargo, habría otro peritaje que revela el exceso militar
“Se considera con especial gravedad el caso de V2 quien presentaba luxación occipito-atlo-axoidea (desnucamiento), es decir, una dislocación forzada de la articulación que une la columna vertebral con el cráneo, debido a una hiperextensión forzada de dicha articulación, siendo el mecanismo más común el de tipo traumático, la cual fue ocasionada por terceras personas”, señala el documento”, documentó la CNDH.
III. Alteración de la escena
Alejandro Gómez Sánchez, procurador General de Justicia del Estado de México reconoció que la dependencia a su cargo tuvo deficiencias, omisiones e insuficiencias para preservar y procesar el lugar en que 22 civiles perdieron la vida el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.
En noviembre de 2014 al comparecer ante el Senado, como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que “presumiblemente elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no el personal de la procuraduría mexiquense”.
La CNDH señaló en la Recomendación 51/2014 que “se observa que existió una manipulación del lugar de los hechos en el interior de la bodega, y con ello, una indebida preservación de las evidencias”, acciones que pudieran “trascender e impedir que las autoridades encargadas de la impartición de justicia lleguen a la verdad de lo ocurrido”.
“Existe una presunción de que los elementos militares en el lugar, hayan sido responsables de esta alteración. En primer lugar, por el número de horas que transcurrieron desde que el área fue asegurada hasta que arribó el Ministerio Público al lugar de los hechos. Según refiere la autoridad militar, lo cual se corrobora con lo informado por la autoridad ministerial, no es sino hasta las 9:00 horas del mismo día que se le da aviso de que ‘las condiciones ya eran seguras’, por lo que hasta esas horas se programó el traslado de las autoridades del Estado de México, quienes arribaron a la bodega a las 12:30 horas.
Sin embargo, como ha quedado establecido, posterior a las 6:00 horas ya había refuerzos militares en el lugar y, por tanto, se podía asegurar el traslado de las autoridades ministeriales, por lo que no se justifica que AR35, cabo de Infantería del 102 Batallón de Infantería con sede en San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, haya dado aviso hasta las 9:00”, reveló el Organismo nacional.
IV. No todos dispararon
De acuerdo a los peritajes de la PGR no todos los civiles en la bodega dispararon un arma, sólo habrían disparado ocho de ellos y el resto se rindió.
La Prueba de Griess realizada por dos peritos oficiales en materia de química forense, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, indicaron que “se establece que no en todas las armas pertenecientes al grupo armado, que fueron 38 armas aseguradas, se detectó la presencia de nitritos en el interior del cañón y de la recámara de once armas, siendo éstas, dos armas cortas y nueve armas largas; sin embargo, de estas únicamente ocho estaban relacionadas con algún cadáver, esto es, que existe relación entre el arma y un cadáver, ya que las tres restantes se ubicaron en una cobija dentro de la bodega, fuera del alcance de las personas que perdieron la vida. De ello se puede advertir que es probable que hayan sido accionadas únicamente ocho armas de fuego”.
V. La fuga
La CNDH documentó con las declaraciones de tres sobrevivientes y de un vecino de San Pedro Limón, que elementos del Batallón 102 de Infantería permitieron que dos hombres que se encontraban en el interior de la bodega en Tlatlaya escaparan a bordo de una camioneta minutos después del enfrentamiento armado la madrugada del 30 de junio de 2014.
Entre las personas que huyeron con la complacencia o la omisión de los soldados se encontraba el líder de una célula del crimen organizado – de Guerreros Unidos según la declaración de un funcionario de la PGJEM- que opera en el sur del Estado de México y norte de Guerrero.
Las personas se fugaron a pesar de que los elementos del Batallón 102 mantenían resguardada la bodega y que esta sólo tiene un acceso. Los dos civiles lograron evadir el cerco militar al simular su rendición, después abordaron una camioneta y se alejaron del lugar.
Una víctima sobreviviente del enfrentamiento identificada como V24, narró que “durante el enfrentamiento se podía ver hacia el interior de la bodega porque los militares alumbraban, sin saber con qué. V24 refiere que se asomó rápidamente, y pudo ver que era sólo un vehículo militar; y que los hombres civiles que disparaban desde adentro hacia afuera de la bodega eran alrededor de ocho o trece personas, que se ubicaban en el centro de la bodega, alrededor de la camioneta blanca que se encontraba estacionada en el centro. El intercambio de disparos duró aproximadamente cinco minutos, ya que ‘se rindieron fácil y soltaron las armas’. Indicó que una persona a quien reconoce como Apodo 1 salió afuera de la bodega con las manos hacia la cabeza, probablemente huyendo”.
Mientras que víctima sobreviviente V25 entrevistada en centro penitenciario de Nayarit l también dio cuenta de la escapatoria: “(…) el enfrentamiento se prolongó alrededor de 10 minutos, ya que los hombres se rindieron, quedando algunos heridos. Al interior, alguien dio la orden de rendirse, que fue cuando uno de ellos intentó salir con las manos arriba, pero regresó corriendo al interior ya que el Ejército le disparó. Además, refieren que dos personas, de las cuales presumen uno era Apodo 1, lograron escapar con las manos detrás de la cabeza”.
