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Acusan omisiones de jueces de Oaxaca en casos de deudores alimentarios

Foto(s): Cortesía
Nadia Altamirano Díaz

El incumplimiento del pago de pensiones alimenticias para menores en Oaxaca se sustenta en las omisiones de jueces y juezas que pasan por alto el carácter oficioso que mandata el artículo 173 del Código Familiar para solicitar la inscripciones de deudores morosos en la Dirección del Registro Civil, cuyo padrón lo conforman apenas 38 personas en este estatus, 36 hombres y dos mujeres.

No se ha entendido que para hacer cumplir lo que dice el Código Familiar, en su artículo 173 y 174, los órganos jurisdiccionales tendrían que actuar de oficio para velar por el interés superior de los menores, pero ni siquiera aplican el enfoque adaptado para entender que los menores tienen derechos, pareciera que protegen el derecho de los deudores”, crítica Flora Gutiérrez Gutiérrez, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas.

Impedimentos

Cuando no existía ni siquiera un padrón de deudores alimentarios en Oaxaca, la abogada Flora intentó inscribir a un deudor alimentario de una hija que ahora tiene 16 años y de quien cubre una pensión porque se le integró una carpeta de investigación por fraude de acreedores, “la única manera que se podía tipificar un delito parecido” porque hasta el año 2016 se reformó el artículo 413 del Código Penal de Oaxaca que sanciona con 4 o hasta 8 años de prisión, pero que considera agravantes.

En este año Flora Gutiérrez litiga un nuevo caso donde el padre de un hijo de ocho años y una hija de 12 años se le decretó una pensión provisional de un salario mínimo por cada menor, pero desde noviembre el juzgado de conoce del caso rechaza solicitar su inscripción como deudor alimentario moroso porque “simula que cumple pagando mil o mil 500 pesos, cuando debe depositar 12 mil pesos mensuales en el Fondo para la Administración de Justicia”.

Poder Judicial sin cifras

El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca carece de un compendio del número de expedientes en proceso por demandas de pensión alimenticia para menores de edad, pero tan sólo de las 804 llamadas telefónicas atendidas en Justiciatel se han atendido hasta marzo, el 13% (108) fueron llamadas sobre juicios de alimentos por encima de otros delitos, ya que 489 fueron meramente informativas.

A Laura le han negado la solicitud de inscripción de deudor alimentario de su ex pareja Rufino, quien desde 2013 se fue de su casa y no quiso volver a hacerse responsable de cubrir las necesidades de alimentación, vivienda, educación, recreo y todo lo necesario para el pleno desarrollo de su hija que ahora tiene 16 años y dos hijos de 17 y 18 años.

Después de superar sus propias resistencias, Laura logró que tras iniciar la demanda de pensión en los juzgados primero, tercero y cuarto familiar del centro le fijaran la pensión provisional por cada menor, pero eso no ha sido garantía de pago.

“No ha servido de nada”, expresa una mujer que por 10 años ha llevado en sus hombros el peso de la crianza, cuidados y gastos económicos que ya le representan un desgaste emocional porque no ha tenido tiempo ni dinero para un acompañamiento psicológico que le permita lidiar con la frustración, la impotencia, el coraje y la depresión que la han tenido a punto de abandonar sus expedientes. 

Fue su hijo Emanuel de 18 años y estudiante de la licenciatura en contaduría quien en el año 2022 la motivó a que la foto y los datos de Rufino se imprimieran en una lona para que fuera exhibido en los tendederos de deudores alimentarios, en un intento por lograr “alguna consecuencia de que nos abandonó, porque no somos perros”.

“Hace 15 días hablé con mis hijos porque desde marzo tengo una depresión encabronada. Perdí mi trabajo en la pandemia y hago lo que puedo para tener ingresos porque a mis 47 años la edad es un factor importante para encontrar trabajo como química. Desde noviembre reparto paquetes con mi propio vehículo, pero a veces sólo logro tener ruta tres o dos días a la semana, pero a veces no tiene ni para el pasaje de mis hijos”, confiesa.

 

El escarnio social

Diana Luz Vásquez, activista y promotora de la Ley Sabina para sancionar a deudores alimentarios que en mayo de 2021 inició con los tenderos con 70 mujeres que aceptaron exhibir a los padres de sus hijos e hijas, sabe que para que ingresen a un registro institucional de deudores morosos hay que sortear la burocracia que parece protegerlos.

“Hay que tener de entrada abogado y resistir todo el proceso, lo que implica mantener el pago de ese abogado y pedir al juez que solicite su inscripción al registro estatal de deudores alimentarios que difícilmente va a poder reflejar una realidad porque hay mucha desinformación, muchas mujeres ni siquiera saben que pueden denunciar a un señor que no cumple”, analiza.

Este “ocultamiento de información para difundir los procesos de pensión alimenticia” a su juicio parece “una estrategia de los hombres para que las mujeres no estemos informadas, les conviene mantener en secreto a los deudores alimentarios que no pagan”.

Al no ser público, el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos no inhibe la conducta de evasión de responsabilidades económicas con hijas e hijos y se convierte en una simulación que no va al fondo del problema.

En marzo pasado el Senado aprobó reformas enmarcadas en la Ley Sabina, nombre de la hija de Diana Luz, para que a los deudores alimentarios morosos se les impida obtener documentos como pasaporte o credencial de elector, pero todavía está pendiente su publicación y que estados como Oaxaca armonicen su legislación local y evidencien un compromiso con las infancias que quedan desprotegidas ante paternidades irresponsables.

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