HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el subdelegado de Vivienda y Desarrollo Urbano, Bertoldo Leyva Castro, informó que de acuerdo con cifras del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), tres de cada 10 mujeres viven en condiciones de hacinamiento, derivado de la pobreza extrema.
Para Sara B. desempeñarse en un ambiente en donde predomina la presencia de los varones, ha implicado enfrentar el acoso sexual y laboral de compañeros y jefes, a pesar de que trabaja en una oficina de gobierno.
Sus deseos profesionales como licenciada en Derecho han quedado varados en la burocracia y desigualdad de un sistema en donde las cualidades laborales son lo menos importante; pese a ésto Sara no desiste y continúa a contracorriente como personal de confianza en una institución del gobierno estatal, en donde ha servido por nueve años.
A pesar de que en el pasado proceso electoral resultaron electas 59 presidentas municipales por los sistemas de partidos políticos y sistemas normativos internos, así como 18 diputadas y cientos de mujeres concejales, la violencia política de género es un fenómeno que requiere ser visibilizado, toda vez que las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres han permeado el tejido social e individual, permitiendo que sean aceptadas y normalizadas en el ámbito político y social, así se establece en el informe del Observatorio Electoral de Género del proceso electoral 2015-2016.
El director general en México de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual (SNAP), Joaquín Aguilar, informó que solicitará el apoyo del gobernador Alejandro Murat para ofrecer una recompensa a quien proporcione información para capturar al sacerdote Carlos Franco, acusado de violación equiparable en agravio de un menor.
“Aquí era como con Hitler”, dice una de las mujeres privadas de su libertad en el penal femenil de Tanivet. La analogía sale por los años en que vivieron malos tratos e incluso tortura cuando estuvo a cargo de la administración del reclusorio Juana Inés Monterrosa y antes que ella, Ángela Torres Lozada.
Las mujeres se concentran en la biblioteca del penal, se sientan en bancos como si estuvieran en un salón de clases, junto a sus hijos. Frente a ellas, una decena de reporteros, fotógrafos y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
El diputado local Alejandro Aparicio Santiago solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizar visitas de inspección a los lugares donde laboran jornaleros agrícolas, a efecto de erradicar la explotación laboral y el trabajo infantil, como el Valle de San Quintín, donde trabajan más de 60 mil oaxaqueños.
Comentó que los migrantes son originarios de la región Mixteca, pero también hay zapotecos y triquis.
Hijos de jornaleros
La Cámara de Diputados aprobó sancionar hasta con tres años de prisión y hasta 200 días de multa a quien discrimine por motivos de religión y discapacidad.
Por 366 votos a favor, 2 en contra y 32 abstenciones, enviaron al Senado para su ratificación una modificación al artículo 149 Ter del Código Penal Federal para incluir a la religión como motivo de sanción.
Tras el asesinato de un médico oaxaqueño residente del Hospital La Raza, el director general del IMSS, Mikel Arreola, aseguró que se dará con los responsables.
"Se trata de José Carlos Cruz, 28 años, estamos sumados para dar con los responsables, estamos sumados al esfuerzo para seguir reforzando la seguridad en nuestras instalaciones y estamos abiertos para escuchar sus planteamientos para reforzar la seguridad.
"Lo que queremos es que ustedes trabajen con las mejores garantías de seguridad", expuso.
El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, aseguró que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas ha fracasado al constituirse desde un escritorio y una visión plenamente “urbana”.
Tras los hechos de Nochixtlán el 19 de junio de 2016 en que murieron ocho personas y el seguimiento a la atención de las víctimas, dijo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, es una institución anquilosada, burocrática y criminalizante.
Presumiendo de tener influencias en el gobierno del estado, la dirigente de comerciantes de la Central de Abasto, Estela Mendoza, despojó de sus casetas a dos locatarias que cuentan con la documentación que las acredita como propietarias.
De acuerdo con las personas afectadas lo anterior ocurrió en diciembre de 2016, cuando la lideresa a través de amenazas y de manera violenta se apoderó de dos locales, uno de éstos propiedad de la señora María Cristóbal Vargas y el otro de Delfina Cruz López.
