A un año de la detención de 25 integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), acusados de disturbios en la elección de diputados federales del año pasado, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh), Isaac Torres Maldonado, denunció el retraso en la liberación de los activistas.
“El proceso está plagado de irregularidades. Hay una decisión del juez de distrito de entrampar el procedimiento legal”, denunció.
Con una protesta en los Juzgados Federales del Parque Juárez El Llano, acusó a las autoridades de negarse a entregar el auto de formal libertad a los señalados, debido a que no se les encuentran pruebas de que ellos robaron y quemaron papelería electoral; además de llevar 25 artefactos explosivos, 12 cohetones, piedras, armas punzocortantes y mascarillas para protegerse del gas.
De igual forma, Torres Carmona detalló que, durante su proceso, ocho de los detenidos se encuentran en el penal de mediana seguridad de Mengolí, y el resto en la cárcel de la Villa de Etla.
Entre los detenidos se encuentra Javier Aluz Mancera, a quien el FPR reconoce como dirigente regional de la organización, y quien ha encabezado diferentes bloqueos y movilizaciones en el Istmo de Tehuantepec, exigiendo la liberación de sus integrantes presos en varios penales de municipios oaxaqueños.
Otra de las personas aseguradas es José Alberto Raymundo García, integrante de la dirigencia de la CNTE en Tuxtepec, así como secretario de créditos del magisterio disidente.
También se encuentra Roque Coca Gómez, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien fue internado en 2006 en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Nayarit.
