Por la forma en la que fue construida y aprobada, la llamada ley Tres de tres contra la violencia de género, desde su origen fue atada de manos.
Su aplicación, para evitar que personas que han violentado a mujeres lleguen a cargos públicos, es imposible y por tanto una simulación.
Flora Gutiérrez, integrante de la Red de Abogadas Indígenas (RAI) señaló que en la vida real y práctica no sólo no se ha publicado, sino que es muy complicado hacer que se cumpla porque no tiene un procedimiento claro.
“Actualmente vemos personas que han infringido la tres de tres y están dentro del gabinete de gobierno. Un ejemplo claro es la actual subsecretaria de prevención de la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) Yolanda Santos Montaño, ella tiene una sentencia condenatoria por haber ejercido violencia política en razón de género cuando era presidenta municipal, aparece en el registro de personas sancionadas por violencia política en el registro que lleva el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y no pasa nada”, manifestó la abogada indígena feminista y defensora de derechos humanos.
Otro es el caso de Donato Vargas Jiménez, quien es el coordinador general de los delegados de paz del gobierno de Oaxaca. El funcionario arrastra una denuncia penal por violencia familiar interpuesta por Martha Aracely Cruz, su expareja.
El funcionario ha sido protegido y defendido tanto por el gobernador Salomón Jara como por el Secretario General de Gobierno, Jesús Romero López, bajo argumento de que es un buen trabajador y que no hay una sentencia firme.
Fue en febrero de este año cuando a propuesta del gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, el Congreso de Oaxaca aprobó reformas constitucionales con las que restringe el acceso a cargos públicos y de elección popular a personas condenadas mediante resolución firme por delitos cometidos por razones de género: violencia familiar, delitos sexuales, ser deudor alimentario moroso o por violencia política.
Acusan simulación
Flora Gutiérrez indicó que lo anterior fue deliberadamente construido para no aplicarse porque no existe un compromiso real de erradicar la violencia contra las mujeres.
“Es una simulación decirles a las mujeres: estamos cumpliendo y presento una ley. El problema es que no se puede materializar, si una mujer quiere hacer uso de ese instrumento no puede, no hay como. Es cinismo puro decir que están haciendo acciones para evitar que las personas que violentan lleguen a estos espacios cuando vemos que estas personas siguen ahí”, recriminó.
Además de personas señaladas por violencia familiar y política, dentro del Congreso de Oaxaca, así como en órganos autónomos y el gobierno del estado, existe un alto índice de deudores alimenticios morosos y otros más que se niegan a reconocer su paternidad.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) releva en cifras la dificultad que existe para llegar a una sentencia firme. En ese año en Oaxaca fueron ingresados 14 mil 743 casos y sólo concluidos 2 mil 235.
