La Comisión Nacional de Certificación de Enfermería (Conce) ha detectado conflicto de intereses e inconsistencias en la operación de los organismos certificadores de enfermería, avalados por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo el supuesto de calidad total y apoyados desde la Dirección General de Enfermería de la Secretaría de Salud.
Bertha Delgado Choreño, coordinadora de la Conce, informó que cada vez son más las denuncias y quejas de los Colegios de enfermeras en distintos estados del país, por el desvío de fines en materia de certificación profesional y acreditación de recursos humanos de enfermería. Estas denuncias confunden y causan indignación por la falta de ética con que los actores operan, bajo una supuesta institucionalidad.
“Tenemos evidencias por el seguimiento que hemos realizado de estos procesos durante más de cinco años, para señalar conflicto de intereses”, dijo.
Durante su visita a Oaxaca para participar en la ceremonia de entrega de certificados de calidad para enfermeras, aseguró que desde lo institucional deliberadamente se ha desestimado y apoyado en acciones en contra de la afiliación a colegios profesionales y a la certificación profesional, evadiendo los procesos hacia grupos particulares.
“Quienes promueven desde perspectivas unilaterales procesos de afiliación y certificación de validez única, valiéndose de la autoridad sobre el personal a cargo, aprovechando conferencias académicas, sesiones clínicas, comunicados, infiltración de propaganda, presentaciones y videos en actos oficiales, están incurriendo en prácticas de coacción, negando derechos humanos básicos y constitucionales a sus trabajadores como personas físicas y a los colegios profesionales como personas morales”.
La coordinadora de la Conce agregó además, que los programas para la formación de recursos en enfermería carecen de la puesta en práctica de estrategias que promuevan la cultura de unirse a organismos colegiados, la libre asociación, los procesos de certificación profesional e informan desde perspectivas personales, sin sustento en el marco jurídico nacional, en las normas y recomendaciones internacionales.
Van a tribunales
Delgado Choreño recalcó que procedarán por la vía penal y constitucional en contra de quien resulte responsable de los diversos actos cometidos en nombre de supuestos procesos de apariencia legal e institucionales, pero ilegítimos y que tratan de desviar, descalificar y unilificar acciones emprendidas por los colegios profesionales para la vigilancia del ejercicio profesional, entre otras atribuciones.
“El conflicto de intereses desde los servidores públicos, son actos sancionados por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en principio, por atentar contra intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, puntualizó.
Finalmente, dijo es necesario contar con mecanismos confiables que permitan asegurar la calidad y con ello proteger a la sociedad de prácticas deshonestas e ineficientes y de simulados procesos de enseñanza aprendizaje de calidad, que pongan en riesgo la vida, el patrimonio, la economía y la integridad de las personas.
Frase:
“Hemos tenido muchos problemas porque el artículo quinto constitucional y la Ley General de Profesiones dice que son los colegios los encargados de la vigilancia del ejercicio profesional, y eso no se ha respetado”:
Bertha Delgado, coordinadora de la Conce
