El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos (Código-DH) exigió el trato digno, el ejercicio de la igualdad sustantiva y la administración de justicia eficaz e imparcial para los afromexicanos Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez, privados de libertad injustamente, sin un debido proceso y sin sentencia desde hace 10 años.
La coordinadora general de la organización, Sara Méndez Morales, afirmó que la conmemoración del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes resalta la urgencia de erradicar prácticas relacionadas con el racismo porque sus integrantes son discriminados o víctimas de desigualdades en todos los ámbitos de su vida, impidiendo el ejercicio pleno de derechos.
“Esto es desde los más elementales, como la alimentación, el acceso a la salud, a la educación, a la libertad, a la justicia y hasta aquellos que contribuyen a un desarrollo integral de la persona”, anotó.
Por eso, expuso que el Código-DH se suma a la exigencia de libertad de los afromexicanos encarcelados por delitos nunca cometidos, porque constituye un caso paradigmático de injusticia, discriminación y racismo.
Precisó que los afromexicanos fueron detenidos y acusados en enero de 2012 por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, así como de robo calificado con violencia física, en agravio del estudiante de la UNAM, Jesús Israel Moreno Pérez, desaparecido el 8 de julio de 2011, en la comunidad de Lagunas de Chacahua, perteneciente a la Villa de Tututepec.
Detenidos sometidos a torturaDetalló que los detenidos fueron sometidos a tortura, malos tratos y coacción por elementos de la PGJE, violando con ello su derecho al debido proceso y a una investigación apegada a derecho.
Además, observó que la PGJE ejercitó la acción penal por el delito de homicidio calificado a Corcuera Noyola y González Domínguez, sin existir el cuerpo de la víctima, porque aún se encuentra desaparecida.
De esta manera, subrayó que los afromexicanos se encuentran desde 10 años privados de su libertad y sin estar sentenciados, a pesar de la existencia de diversas pruebas sobre su inocencia.
Aparte de esto, dijo que ningún funcionario implicado ha sido castigado por las omisiones, los actos de tortura y la fabricación de pruebas para supuestamente resolver el caso.
“Servidores públicos de la ahora Fiscalía General y del Poder Judicial, como jueces, agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, acusados directamente de ejercer o tolerar actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, siguen en el pleno ejercicio de sus funciones”, finalizó.
