El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes demandó a los gobiernos federal y estatal establecer medidas de seguridad para prevenir, daños irreparables a los beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca.
El activista informó que el presidente municipal, Rogelio Bautista Barrios y otras autoridades auxiliares dirigieron un escrito a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para avisar sobre el ingreso el día de mañana de un grupo de personas a la comunidad, a pesar de haber participado en los homicidios de Jacinto Hernández Barrios e Isidoro Hernández y en la desaparición de los señores Mayolo Quiroz Barrios, Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño, así como en el saqueo y la quema de más de cien casas en Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, en octubre del 2021.
Sin embargo, explicó que la asamblea general de Guerrero Grande se declaró en vigilancia permanente y determinó no permitir la entrada de ninguna persona, especialmente de los responsables de la violencia.
Ante ello, requirió a los gobiernos federal y estatal establecer las medidas de seguridad pertinentes, mientras a la Fiscalía General del Estado (FGE) reclamó investigar y judicializar a los responsables de los homicidios, de la desaparición y de la quema de más de 100 casas, para que no prevalezca la impunidad.
Además, exigió al gobierno estatal dejar de proteger a las autoridades de San Esteban Atatlahuca, a través de la Secretaría General de Gobierno (Segego) y de la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos, para evitar nuevos hechos de violencia.
