El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza en la elaboración de un plan de justicia para resarcir la deuda histórica con las comunidades chinantecas y mazatecas de Oaxaca reubicadas hace cinco décadas en el Valle del Uxpanapa, Veracruz, por la construcción de la presa Cerro de Oro.
Al encabezar los trabajos, el coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz sostuvo que este problema resulta complejo porque el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez obligó a sus pobladores en 1972 a desplazarse de sus comunidades de origen, pertenecientes a San Lucas Ojitlán, región de la Cuenca del Papaloapan.
“Para esto, el gobierno creó la Comisión del Papaloapan que tendría como propósito materializar los acuerdos destinados a crear mejores formas de vida a sus habitantes que tenían en su comunidad de origen, San Lucas Ojitlán, que quedó inundada con la presa”, asentó.
Expuso que el gobierno de Echeverría Álvarez ofreció carreteras, propiedad sobre las tierras, proyectos de desarrollo y su propio municipio, pero nunca cumplió a las comunidades.
Explicó que la administración federal abrió una carretera de 150 kilómetros y creó el Fideicomiso para el aprovechamiento de la madera utilizable” de la selva del Valle del Uxpanapa, aunque en nada benefició a los desplazados.
“Fue así como los regímenes autoritarios y cacicazgos propiciaron en las comunidades chinantecas y mazatecas, injusticias, marginación y pobreza”, agregó.
Por esto, subrayó que el gobierno del presidente López Obrador tiene toda la voluntad y disposición de dialogar con los desplazados y avanzar en la elaboración urgente del plan de justicia para atender sus demandas.
“Estamos conscientes de que en una sola reunión no vamos a solucionar un problema tan complejo, pero les puedo asegurar que en lo que queda de este gobierno vamos a avanzar y sentar las bases para reconstruir a los pueblos chinanteco y mazateco”, anotó.
Valle de UxpanapaA su vez, el agente municipal de la congregación Villa Juárez, Emiliano Ramos Quintero destacó que el plan de justicia permitirá abordar la problemática agraria y subsanar los compromisos hechos por el gobierno desde hace cinco décadas.
“Tenemos documentos en los que el gobierno se comprometió a atender nuestras necesidades, después de sacarnos de nuestra zona de origen, donde fue construida la presa e inundadas nuestras tierras”, añadió.
La autoridad dijo que los 15 poblados y congregaciones del Valle del Uxpanapa requieren de programas en apoyo de los desplazados, pero especialmente certidumbre jurídica.
“Nuestra demanda principal es agraria, porque no se nos ha entregado la tierra que se nos prometió, ya que estamos viviendo en una zona urbana que no nos pertenece, pero también temas de urbanización, calidad del suelo y calidad de vida”, finalizó.
