A pesar de manifestar públicamente su disposición al diálogo, la madrugada del 14 de junio de 2006, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz envió a la policía a desalojar el plantón que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantenía desde el 22 de mayo en el zócalo y en 56 calles del Centro Histórico.
El entonces secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas había apostado por el uso de la fuerza ante el rechazo de la Comisión Negociadora Ampliada (CNA) de la gremial a los ofrecimientos gubernamentales para atender su pliego petitorio.
La principal demanda era la rezonificación por vida cara ante el incremento del precio en la canasta básica en Oaxaca, por ser un estado con vocación turística.
Alrededor de las cuatro de la mañana, cientos de agentes de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) y elementos de línea de la entonces Policía Preventiva del Estado, así como de la ahora desaparecida Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT) de la antigua Procuraduría General de Justicia y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, salieron de sus cuarteles rumbo al centro de la ciudad.
Media hora después, el entonces secretario general de la Sección 22 del SNTE, Enrique Rueda Pacheco dio el aviso de alerta máxima a sus bases, a través de Radio Plantón, y llamó a sus compañeros a prepararse “para resistir organizadamente la represión que está operando el gobierno estatal en una actitud irracional”.
“Enfrentemos organizadamente esta embestida con la cabeza fría y el corazón ardiente. Preparen trapos o pañuelos, mójenlos con agua para resistir los gases lacrimógenos”, llamó.
Unos cinco minutos después, los policías, incursionaron en el Hotel del Magisterio, sobre la calle División Oriente, donde detuvieron al entonces secretario de Escalafón del Comité Ejecutivo de la Sección 22 del SNTE, Roberto Pérez Gazga y al administrador del albergue, Miguel Bautista.
Posteriormente, los policías ingresaron al plantón por las calles de Bustamante, 20 de Noviembre, Las Casas, Armenta y López, Independencia e Hidalgo, entre otras, para desalojar a por lo menos 40 mil trabajadores de la educación que ahí se encontraban, haciendo un uso indiscriminado de gases lacrimógenos.
Cerca de las cinco de la mañana, la policía penetró al edificio de la Sección 22 del SNTE en el Centro Histórico y se dirigieron al tercer piso para destruir las instalaciones de Radio Plantón.
“Se oyen bombas, son las cinco de la mañana; los granaderos se acercan, están entrando al edificio para reprimirnos, se escucha la explosión de las granadas”, alcanzó a decir Eduardo Castellanos Morales, un profesor de secundaria que transmitía en vivo en la estación, para después cortarse la señal.
Ahí, fue detenido Castellanos Morales, Oziel Martínez Martínez y el ahora monero y cineasta, Acelo Ruiz Villanueva, a quienes se les acusó por terrorismo, portación de armas de fuego y de explosivos.
Surge la APPO
Como consecuencia de la represión policial, la Sección 22 del SNTE reinstaló su plantón en el Centro Histórico y convocó al pueblo, a las organizaciones sociales, sindicatos y colectivos, a formar un referente de lucha para lograr la salida de Ruiz Ortiz de la gubernatura y la democratización del estado.
Así, el 17 de junio, inician los trabajos para la constitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), una de las más importantes experiencias organizativas del movimiento social en México en los últimos años, donde participaron 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos.
De esta manera, la APPO pudo convocar a numerosas manifestaciones en las calles de la ciudad, donde participaron más de 800 mil personas, para reclamar la renuncia del gobernador.
No obstante, las mujeres decidieron ocupar el Canal 9 de televisión, así como las emisoras 96.9 FM y 680AM, ante la negativa de la entonces directora Mercedes Rojas Saldaña.
La caravana de la muerte
La respuesta del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz a la sublevación popular no tardó mucho. El 10 de agosto, agentes de la entonces de la Policía Preventiva del Estado parapetados en una clínica, ubicada en la calle Niños Héroes, Barrio Ex Marquesado, a balazos al mecánico José Jiménez Colmenares, esposo de una profesora.
El asesinato fue selectivo, porque según las conclusiones de la autopsia practicada, la víctima recibió nueve disparos de proyectil de arma de fuego, que tuvieron una dirección de arriba hacia abajo en diferentes ángulos y efectuados a larga distancia.
El 21 de agosto, un grupo de 60 hombres vestidos de civil, presuntamente policías, atacó en la madrugada las antenas y el transmisor de la Cortv, ubicada en el Cerro del Fortín, que estaban en poder de la Sección 22 del SNTE y la APPO, para cortar las transmisiones.
Sin embargo, ese mismo día, el movimiento magisterial y popular ocupó las estaciones de radio comercial, aunque la noche de un día después apareció por primera ocasión la llamada Caravana de la Muerte en inmediaciones de la estación La Ley 710, para atacar con armas de fuego a quienes participaban en una barricada de resguardo de la emisora.
Ese grupo irregular, integrado por policías, porros y pistoleros, ejecutó ahí a Lorenzo Sampablo Cervantes, un empleado del gobierno estatal.
Este fue el inicio de una serie de asesinatos extrajudiciales, entre agosto, septiembre y octubre, en agravio de Arcadio Hernández Santiago, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián y el camarógrafo estadounidense Bradley Ronald Will, en diferentes barricadas.
Además, el gobierno de Ruiz Ortiz ordenó la detención ilegal de decenas de activistas, entre estos, Catarino Torres Pereda, Germán Mendoza Nube, Erangelio Mendoza González, Ramiro Aragón Pérez, César Mateos Benítez, Jorge Sosa Campos, con falsas acusaciones.
