El coordinador de Política Pública de la organización Política y Legislación Ambiental, Iván Zúñiga, criticó la falta de vínculo entre el crecimiento económico y el desarrollo social en la implementación de proyectos mineros y eólicos que sólo benefician a empresas que impulsan proyectos que dañan al ambiente.
Es en los tres niveles de gobierno, desde el Federal, como el estatal y el municipal, donde se debe empezar a replantear el tema para que las empresas que se benefician con una concesión minera o la autorización de un parque eólico “entren en una lógica de desarrollo local”.
Eso implica que a las comunidades se les permita participar en la planeación de un desarrollo local, ya que es en ese entorno donde se vive una nueva “ola de presiones” hacia los territorios y las comunidades de todo el país.
Los 93 asesinatos que de 1995 a 2015 han enfrentado defensores ambientales en el país, va en contracorriente de la fortaleza que su actividad requiere,
“Se está generando una nueva ola de presiones se requiere que los mecanismos de defensores de derechos humanos se fortalezcan porque ellos son quienes enfrentan de primera instancia esos conflictos y problemas derivados de las iniciativas en su territorio”, expresó en entrevista.
"Sin justicia"
Después de participar en el Conversatorio Política Ambiental y Derechos Humanos, reconoció que así como existen muchas amenazas a los temas ambientales las comunidades se están movilizando en mayor medida para resistir a esos embates.
En esa lucha, se carece de instituciones públicas y de justicia que amparen a esos defensores ambientales,
“La falta de aplicación de justicia, impunidad y corrupción en las instituciones, las iniciativas que provocan despojos o problemas a las comunidades locales se vuelven más complejos en el momento de hacer una defensa del territorio, desde la perspectiva de derechos humanos”, puntualizó.
Aclaró que el despojo no solo tiene que ver en cuanto a tierras, sino recursos naturales como el agua y en ese sentido “hay muchos puntos preocupantes”: presas hidroeléctricas, granjas eólicas, la minería, el fracking, los hidrocarburos y grandes proyectos que representan riesgos para las comunidades locales y el medio ambiente.
El problema crecer ante la falta de “legislación suficiente”, ya que la existente “se ha venido diluyendo en los últimos años, echando atrás algunos mecanismos y candados de leyes federales”.
Por eso es urgente “darle fortaleza a un mercado legal y normativo, de las instituciones que necesitan aplicar la Ley”.
