En Oaxaca, un estado pluricultural donde más del 69 por ciento de su población se reconoce como indígena y casi el 5 por ciento afromexicana, no puede continuar la violación sistemática de sus derechos, aseguró el presidente del consejo directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), Tomás López Sarabia.
Al inaugurar el taller “Unidades de medidas cautelares y reinserción comunitaria desde la interculturalidad”, dirigido a personal penitenciario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA), el directivo sostuvo que resulta necesario garantizar de forma diferenciada, los derechos de personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad o bajo alguna medida distinta a la prisión.
“Desde hace más de 30 años hay un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y uno se pregunta por qué estos derechos siguen desafortunadamente violentándose en la vida cotidiana”, asentó.
Por eso, expuso que el primer relator para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Adolfo Stavenhagen, denominó este fenómeno como la brecha de implementación.
Mientras tanto, el director del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Javier Carrasco Solís reconoció que el escenario en el sistema judicial presenta varios retos, como proporcionar traductores e intérpretes para acompañar a personas hablantes de alguna lengua indígena.
“Si quienes hablamos español no entendemos bien lo que pasa en un proceso penal por ser muy técnico el idioma jurídico, imaginemos una persona indígena que habla otra lengua, por ser más complejo el entendimiento y por tanto, se necesita que se lo interpreten de acuerdo a su cultura y cosmovisión”, anotó.
Además, subrayó que esta situación origina casos de desarraigo de la familia y de la comunidad cuando la persona originaria de la Sierra, se encuentra purgando una condena en una prisión de la ciudad de Oaxaca.
“Existe un problema económico para que su familia viaje a largas distancias y poco a poco deja de recibir visitas, lo que implica una desventaja por la falta de proximidad de la familia con la persona en prisión”. Anotó.
