A casi un año de que el juez quinto de distrito ordenara la realización de obras que eviten afectaciones por el desbordamiento del río San Felipe, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como la Secretaría de las Infraestructuras y la Coordinación Estatal de Protección Civil, han incumplido.
El desacato al amparo 1230 mantiene en riesgo a 65 mil habitantes de las colonias La Cascada, Loma Linda, Guadalupe Victoria, Fraccionamiento La Cascada, Rincón del Acueducto y Díaz Ordaz, las cuales atraviesa el río San Felipe.
Para denunciar la omisión y exigir el cumplimiento de la orden, un grupo de habitantes integrados en el Comité de la Zona Conurbada del Río San Felipe, se manifestaron este lunes frente a las instalaciones de la Conagua ubicada en la colonia Reforma.
¡Aguas!
1973, se construyó la presa Rompepicos para amortiguar la avenida del río San Felipe del Agua
65 mil habitantes en riesgo por azolve de presa
En el lugar instalaron una casa de campaña y pancartas en donde denunciaron omisión y corrupción. De la misma manera pegaron fotografías del desastre ocurrido en 2010, año en que una persona murió ahogada tras ser arrastrada por la fuerza del río desbordado.
Azolvado, 80% del cauce
El presidente del comité, Porfirio Afonso Jiménez Orozco, indicó que no sólo no se han realizado obras sino que el 80 por ciento del cauce del río así como la presa Romepicos, establecida para contener la bajada del agua del cerro San Felipe, se encuentran azolvados con cascajo y escombro que fue colocado por Julio César Espinosa Adame quien asegura ser el dueño del predio.
“No sabemos si hay omisión o corrupción de Conagua. Nos hace pensar mal que Conagua no está haciendo su trabajo. Al nuevo delegado no lo conocemos pero el anterior nunca dio la cara y siempre dijo que no había problema, que iba a solucionar pero se fue y el problema sigue”, señaló.
Jesús Matías Hernández, asesor jurídico y abogado en el amparo Río San Felipe y Presa Rompepicos, señaló que el amparo otorgado establece la realización de obras inmediatas, sin embargo éstas no se han ejecutado.
“Parece que el inmediatamente para las autoridades no existe. Siempre argumentan: no tenemos dinero, no hay presupuesto. ¿Cómo es posible que no haya dinero mientras el hijo de un servidor público utilizó un helicóptero de gobierno para vacacionar en Puerto Escondido? Estamos indignados porque mientras que el pueblo grita y clama obras para su seguridad, los funcionarios derrochan y dilapidan el dinero y ahora hasta sus hijos”, reclamó.
Durante la protesta los integrantes del Comité de la Zona Conurbada del Río San Felipe exigieron la presencia del delegado César Alfonso Lagarda Lagarda, a quien acusan de no querer recibirlos en audiencia.
“El señor siempre anda de comisión, nunca nos atiende. Nos manda con funcionarios de menor jerarquía, nos tiende el jurídico. Por eso alzamos públicamente la voz. Exigimos a las autoridades que volteen los ojos a este asunto. El juicio de amparo lleva un año y sigue en trámite, lo más importante es que el juez de distrito ya dio una orden que no se ha acatado”, declaró.
