La titular de la Procuraduría para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables (PRODI), ahora llamada Defensoría Pública, Bertha Ruth Arreola Ruiz, tiene 99 denuncias penales en su contra en las que se le acusa de abuso de autoridad, coalición de funcionarios y enriquecimiento ilícito.
Las denuncias fueron presentadas por ahorradores defraudados por el Corporativo Azteca de Huajuapan S.C de R.L. Las víctimas acusan a la titular de la PRODI de presuntamente favorecer en un expediente penal la sentencia absolutoria (auto de libertad) en favor del presidente del Corporativo Azteca de Huajuapan S.C de R.L., Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista.
Directivos de Corporativo Azteca de Huajuapan cometieron un fraude superior a los 100 millones de pesos en contra de más de 350 ahorradores de la región de la Costa, situación que derivó la presentación de más de 300 denuncias penales por los delitos de fraude genérico, robo con violencia y uso de documentos falsos, esto ante la Sub Procuraduría General de Justicia de la Región de la Costa.
En agosto de 2010 el presidente del Corporativo Azteca de Huajuapan, Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista es detenido y recluido en el penal de San Pedro Pochutla, dos años después es detenido el vicepresidente del grupo, David Cordero Guevara, quien se encuentra preso en el reclusorio de Santa María Ixcotel.
En las denuncias penales también están involucrados jueces y funcionarios. Entre ellos, Juan Raúl Aquino Geminiano, ex Juez Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla; José Jaime Vargas Jiménez, Rosineli Rojas Martínez, Donají López Díaz, Adalberto López Saturno, Ana Yadira Navarro, Alex Carmelo Nicolás Cortés y María Elena Hernández Mijangos, el primero actuario y los seis restantes secretarios de acuerdos del mismo juzgado.
Así como, los Defensores de Oficio de la PRODI, Shane Francisco Durán y Xóchitl Judith Lavariega Díaz, esta última ex secretaria del Ministerio Público adscrito al Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”.
Los ahorradores defraudados son encabezados y asesorados por la abogada auxiliar de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del SNTE, Edith Araceli Santibáñez Bohórquez.
Según las denuncias penales, Bertha Ruth Arreola Ruiz y Juan Raúl Aquino Geminiano, habrían recibido tres millones de pesos para otorgar la libertad al presidente del Corporativo Azteca de Huajuapan S.C de R.L., Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista.
Asimismo, se señala que el resto de los funcionarios menores de la PRODI y del Juzgado Mixto de Primera Instancia en San Pedro Pochutla habrían recibido 500 mil pesos en forma individual, para que Martín Salazar Bautista evadiera responsabilidad en el expediente penal 45/2010 en la comisión de robo con violencia.
Martín Salazar Bautista enfrenta los delitos de fraude genérico, uso de documentos falsos y robo con violencia.
Hasta la fecha, cinco directivos del Corporativo Azteca qse encuentran prófugos.
Torcer los cargos
Detalles sobre los presuntos delitos asentados en las denuncias penales
El 17 de junio de 2010, la entonces secretaria del Ministerio Público adscrita al Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, Xóchitl Judith Lavariega Díaz presuntamente prefabricó la averiguación previa 798/HC/2010 en donde asienta la comisión del delito de robo y demás en perjuicio de Martín Salazar Bautista.
Esto, para quitarle responsabilidad en el robo con violencia que cometiera el citado directivo de Corporativo Azteca de Huajuapan en la región de la Costa en contra de ahorradores, en la misma fecha citada en la averiguación apócrifa.
Luego de separarse del cargo de secretaria ministerial en el MP del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, Judith Lavariega se incorpora a la Procuraduría para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables en calidad de Defensora de Oficio.
La titular de la PRODI, Arreola Ruiz, asignó para la defensa legal de Martín Salazar Bautista también al Defensor de Oficio, Shane Francisco Durán, lo que según la denuncia, evidencia “la complicidad y encubrimiento de la funcionaria con el directivo del Corporativo Azteca de Huajuapan”.
Juan Raúl Aquino Geminiano, entonces Juez Mixto de Primera Instancia en San Pedro Pochutla, emitió sentencia absolutoria en el delito de robo con violencia en favor de Martín Salazar Bautista, esto el 18 de noviembre; sin embargo, Aquino Geminiano, funcionario del Poder Judicial, habría sido reasignado al Juzgado de Cosolapa a partir del 16 de noviembre de 2010, es decir, que su actuación se efectuó fuera de tiempo y jurisdicción, incurriendo un delito.
