LIMA, Perú.- El nuevo Gobierno peruano de Dina Boluarte ha declarado estado de emergencia nacional por 30 días, debido a las protestas y disturbios por la destitución de Pedro Castillo como Presidente de Perú, tras su intento la semana pasada de disolver el Congreso.
El Ministro de Defensa de Perú, Alberto Otárola, anunció que la medida se tomó por los “hechos vandálicos y violentos”, como la toma de carreteras y aeropuertos. “Esto requiere de una respuesta contundente de parte del Gobierno”, aseveró.
Con el estado de emergencia, se entrega el control del país a las Fuerzas Armadas. La declaratoria significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de la reunión y la libertad y seguridad personales.
Es decir, las fuerzas del orden, Policía y Ejército, podrán impedir reuniones, ingresar a hogares y restringir el tránsito si lo consideran necesario, según lo anunciado por el titular de Defensa.
Y aunque se analizó un toque de queda, el Gobierno de la Presidenta Boluarte informó que esa medida fue descartada, por el momento.
La decisión de restringir derechos es un intento de la nueva Administración, que dijo ser de transición, para controlar las protestas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en una semana de movilizaciones, al menos ocho personas han muerto.
Boluarte, tras reunirse con los mandos militares, invocó al diálogo para frenar las manifestaciones violentas.
“Están quemando comisarías, están tomando carreteras, no dejan pasar ambulancias, están tomando aeropuertos, eso no es una protesta legal”, enfatizó la Presidenta.
Agregó que se han registrado unos 200 policías heridos en la semana de movilizaciones.
“Queremos generar un diálogo con ustedes, hermanos y hermanas. Sabemos que las necesidades de nuestra querida patria están sin atenderse de hace mucho tiempo. Todo dentro de la paz, de la concordia, de la hermandad”, indicó Boluarte.
Prevén más disturbios
El nuevo Gobierno anunció el martes que las Fuerzas Armadas controlarán y protegerán la infraestructura clave como aeropuertos e hidroeléctricas, y las carreteras nacionales, en prevención de más disturbios.
En ese sentido, la empresa Transportadora de Gas del Perú dijo en un comunicado que un centenar de personas de un poblado del Cusco ingresó a la planta forzando los accesos.
En dicha región, la Policía dispersó ayer con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes cerca de la terminal aérea, que sigue cerrada. Centenares de pasajeros quedaron varados.
En el pueblo de Machu Picchu, vecino a la famosa ciudadela inca, unos 780 turistas de diferentes nacionalidades estaban también varados por la suspensión del servicio de trenes desde hace dos días.
En Arequipa, segunda ciudad del país, los militares custodiaron locales públicos y el aeropuerto internacional, que los manifestantes intentaron tomar el lunes.
En Puno, en la región aymara fronteriza con Bolivia, las autoridades cerraron el aeropuerto y el gremio de transporte se sumó a las protestas y paralizó sus actividades.
