Impunidad, burocracia y desatención oficial es lo que se ha acumulado en torno a la muerte violenta de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, la exregidora, Pamela Terán y su chofer, Adelfo Guerra, ocurridas el pasado 2 de junio en Juchitán.
La periodista Soledad Jarquín Édgar reprochó que a ocho meses del triple asesinato no haya detenidos y que el crimen no fuera atraído por la entonces Procuraduría General de la República.
Su aseveración la funda en la sospecha de la participación del crimen organizado en el asesinato y el tipo de armas de grueso calibre que se utilizaron.
Larga espera
Desde que asesinaron a su hija, la periodista Soledad Jarquín Edgar denunció el desvió de recursos que se gestó desde la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), donde el ex titular Francisco Montero López la comisionó de manera ilegal a cubrir la campaña política de su hermano Hageo Montero a la Presidencia de Juchitlán.
Si en su calidad de jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural, María del Sol no hubiera aceptado ir, perdía el trabajo. Ese delito electoral ya fue reconocido por los tribunales Estatal Electoral de Oaxaca y el Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Pero en Oaxaca, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales no ha judicializado la carpeta de investigación. Un mes atrás Soledad Jarquín exigió la destitución de su titular, Araceli López Pinelo López, pero “mis peticiones se las lleva el viento”.
Aún así, no se quiso quedar sin expresar su desacuerdo con Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal, general, quien “no puede seguir prometiendo lo que no puede cumplir”.
El trabajo de investigación de esa Fiscalía permitió que en septiembre pasado Jehú G. L. fuera liberado por falta de pruebas.
“Las autoridades no han hecho su trabajo, sigo esperando resultados, no hay indicios de quienes cometieron ese triple asesinato”, recrimina Jarquín Edgar.
Inacción
“No me extraña que no pase nada, porque yo le he escrito tres cartas al gobernador Alejandro Murat, pero no le interesa lo que la gente le demanda, si tuviera interés hubiera cumplido con su ofrecimiento de dar justicia pronta y expedita”.
Recordó que en marzo de 2017 el gobernador se reunió con un grupo de madres a quienes les asesinaron sus hijas. A ellas les dijo “que se iban a reunir cada 30 días” y no volvió a recibirlas.
Pensar que se suma un octavo mes sin que tenga justicia ahonda la tristeza “y el enorme vacío” que para su familia y ella provocó la muerte de una de sus tres hijas, pero con quien más compartió proyectos profesionales al tenerla como compañera.
“Quisiera que las autoridades me callaran la boca, pero ni como personas ni funcionarios tienen alguna disposición en que en este triple asesinato llegue la justicia”, lamentó Soledad Jarquín.
