No sólo son asesinadas, las instancias encargadas de la investigación de los crímenes y de la procuración de justicia contribuyen a criminalizar a las víctimas y hasta justificar su muerte. La actuación de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) raya en la “impunidad institucional”, afirmó Yésica Sánchez Maya, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
Las indagatorias y el castigo a los responsables, afirmó, pasan por la actitud que calificó como machistas y sexistas, incluso las familias de las víctimas son criminalizadas.
"El proceso de investigación y de acceso a la justicia en el caso de un feminicidio – asesinato de una mujer por razones de género –, las fallas en el sistema judicial no sólo son evidentes, sino que se enfrentan a actitudes machistas de los jueces".
En primer lugar, señaló la activista, los jueces muestran su incapacidad para clasificar el homicidio de una mujer de esta manera pese al protocolo diseñado para ello.
“De entrada, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse en principio como feminicidio, y en el proceso descartarse o no, si cumple con las características de este tipo de delitos”.
Según su opinión, buscan de cualquier manera no clasificarlo de esa manera para evitar que las estadísticas en feminicidios. “Están obstinados”, aseguró, “en maquillar la realidad”. El conteo de las organizaciones de la sociedad civil, en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa hasta marzo, van 33 casos; mientras que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, cerró con un total de 527.
La actitud machista y sexista de los jueces se advierte, explicó, cuando admiten pruebas de los feminicidas que buscan desacreditar el honor y la dignidad de la víctima. Como en el caso de la joven Dafne Carreño Bengochea, donde la defensa de su asesino Enrique Rivera López ha tratado incluso de afirmar que fue en defensa propia.
“Este es el primer caso de feminicidio – de acuerdo a la nuevo código penal en Oaxaca – en donde incluso se ha victimizado a la madre y los jueces han entrado en un rejuego para retrasar la impartición de justicia”.
Algunos casos, como los ocurridos en la región de la Mixteca, los jueces han reclasificado los feminicidios como homicidios calificados; mientras que la Fiscalía General del Estado no libera las órdenes de aprehensión.
En segundo término, desde el año 2013 la Fiscalía no ha conformado el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Implementación del Protocolo para la Investigación de los Feminicidios. Para Yésica Sánchez esto es una clara intención de no poner a la luz las fallas en las investigaciones y en la procuración de justicia, ya que no aplican ni el 15 por ciento de lo que se establece en el protocolo diseñado para este fin.
El caso de la joven Ivonne Berenice, es otro ejemplo de la negligencia de la Fiscalía de acuerdo con la activista. Pese a que la familia ha contratado a investigadores privados y dado la ubicación del responsable, la dependencia estatal no ha actuado ni liberado la orden de aprehensión contra el presunto responsable.
Llamar a cuentas al fiscal
Yésica Sánchez, integrante de Consorcio para la Equidad y el Diálogo Parlamentario, exigió al Congreso del Estado de Oaxaca a llamar a cuentas a los titulares de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior del Estado (TSJE), Héctor Joaquín Carrillo Ruiz y Raúl Bolaños Cacho, respectivamente, e informen sobre los homicidios de mujeres por razones de género.
La opacidad de las instituciones de gobierno en este tema es una constante y no hay otra forma de saber cuántas averiguaciones previas, órdenes de aprehensión, consignaciones y sentencias, existen en los casos de feminicidios.
