CIUDAD DE MÉXICO.-Para revisar los retos que implica actualmente hacer efectiva la aplicación del programa recíproco de cobro de pensiones alimenticias México-Estados Unidos, vigente desde 1992, el Condado Imperial de California y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizaron una reunión de capacitación, a la que asistió, por parte del Poder Judicial de Oaxaca, la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján.
La integrante de la sala familiar del Tribunal Superior de Justicia participó en el taller impartido por la Oficina de Manutención de California, en el que se abordaron aspectos de la Ley UIFSA 2008, la cual además de ser el marco de referencia del esquema de reciprocidad con nuestro país, es la legislación base del convenio sobre el Cobro Internacional de Alimentos para Niños y otros miembros de la Familia en Estados Unidos.
Analizan métodos de ejecución y trámites
Durante los dos días de trabajos, los participantes analizaron métodos de ejecución en materia de alimentos y aspectos de trámites administrativos para hacerlos más ligeros a los justiciables. Además se abordó la necesidad de fortalecer la Cooperación Judicial Mexicana para la Protección de la Niñez, tema en el que se destacó el hecho de mejorar los presupuestos procesales en la ejecución de sentencias en el extranjero.
En este sentido, los participantes y representantes de Tribunales Superior de Justicia coincidieron en que resulta indispensable que un mayor número de dependencias e instancias, tanto administrativas como judiciales y organizaciones de la sociedad civil, se involucren en el mismo y coadyuven en su operación y el cumplimiento del principio de reciprocidad en que se sustenta.
Luego de su asistencia a la reunión de capacitación sobre pensiones alimenticias México-Estados Unidos, la magistrada Villanueva Abraján, indicó que la información obtenida será compartida con los jueces en materia familiar, a fin de optimizar la cooperación judicial y cumplir el compromiso institucional, el cual será evaluado a nivel nacional para la efectiva protección de los niños y niñas respecto a las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país.
