A cuatro años del asesinato de Dafne Denise Carreño Bengochea, la actuación ética e imparcial de los jueces del Poder Judicial de Oaxaca fue duramente cuestionada por la madre de la joven, Zoila Bengochea Espitia.
La mujer indicó que los encargados de la impartición de justicia "son corruptos y han retrasado dolosamente el proceso judicial contra el feminicida, Alejandro Enrique Rivera López, por sus lazos familiares con una ex funcionaria del gobierno del estado y un prominente empresario local.
El juicio se encuentra “empantanado”, agregó Jorge Merlo, presidente de la fundación que lleva su nombre y, a través de la cual, anunció apoyo a la madre de la joven.
Dafne Carreño fue asesinada la noche del nueve de abril de 2013. Enrique Rivera la apuñaló para posteriormente huir y tratar de suicidarse cortándose el cuello; el feminicida fue atrapado por agentes de seguridad pública con el arma y ensangrentado por las heridas que se auto infligió.
Después de 48 meses del crimen, el proceso no ha pasado del periodo probatorio; es decir, los jueces que han estado a cargo del caso no han decretado la conclusión del periodo para la presentación de las pruebas de ambas partes y, con ello, pasar a los alegatos y finalmente a dictar sentencia.
Jorge Merlo atribuyó esta dilación a los vínculos familiares del indiciado Enrique Rivera, quien es sobrino de la ex secretaria de Transporte, Aurora López Acevedo, y del empresario Mariano Rosales, propietario del hotel Fiesta Inn y socio de Fypsa, empresa de fletes y transportes.
“Los jueces del Poder Judicial se han encargado de obstruir la justicia, se tardaron cuatro meses en dictar auto de formal prisión contra el inculpado y el mismo tiempo en tomarle su declaración preparatoria, cuando la ley establece que no deben transcurrir más de dos días”, explicó.
Además, la defensa del feminicida interpuso un amparo contra el Código Penal del estado, para tratar de borrar el feminicidio de la legislación local.
Maniobras legaloides
En un principio, el caso estuvo a cargo de la jueza Betzzaida Cruz Mendoza; sin embargo, la defensa de la víctima interpuso una denuncia en su contra por corrupción por las diversas anomalías en las que incurrió, entre ellas negarse a tomar la declaración preparatoria del victimario, y para exigir que se nombrara otro juez en su lugar.
El segundo juez, Guadalupe Lucas Figueroa, rechazó el amparo interpuesto por los abogados de Enrique Rivera contra el código penal. Sospechosamente, sostuvo Jorge Merlo, a partir de esta decisión es quitado del caso y se nombra en su lugar al juez Andrés Manuel Jiménez Méndez.
Jiménez Méndez, dijo, tiene un mal precedente: “dejó en libertad a Berenice Martínez, una de las presuntas involucradas en el feminicidio de Leslie Wilson”. Mientras que en el caso de Dafne Carreño se excusa de desconocer el caso y se niega a cerrar el periodo probatorio y pasar a los alegatos y a la sentencia.
Por estas razones, informó, se presentará una denuncia por los hechos delictivos que resulten. Además, la Fundación financiará la contratación de un espectacular en la ciudad de Oaxaca y en la Ciudad de México para evidenciar la presunta corrupción de los jueces.
El juicio ordinario, como lo marca la ley, debió extenderse por un año pero ya se alargó a más de cuatro años, explicó la mujer. Según Jorge Merlo, la defensa de Enrique Rivera le apuesta a ello, para después interponer un amparo directo en el que argumente violaciones a los derechos humanos del indiciado y al debido proceso, con el fin de que obtenga su libertad, como sucedió en el caso de la francesa Florence Cassez.
Zoila Bengochea y el presidente de la Fundación, exigieron al gobernador de Oaxaca Alejandro Murat que cumpla su compromiso de apoyar a la familia de la víctima para acelerar el proceso, o en caso contrario, que despediría a la titular de la Secretaría de la Mujer, Miriam Liborio.
Premian a jueza del caso
Pese a las denuncias vigentes en su contra por corrupción e irregularidades en las que incurrió en el caso del feminicidio de Dafne Carreño, la jueza Betzzaida Cruz Mendoza fue nombrada en la actual administración como Directora del Centro de Mediación Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Jorge Merlo aseguró que la denuncia en contra de la jueza no ha preescrito y, por tanto, la Fiscalía General del Estado debería realizar las investigaciones e iniciar un juicio penal en su contra. “Los jueces no tienen fuero”, apuntó.
Cruz Mendoza retrasó por cuatro meses la declaración preparatoria de Enrique Rivera con el argumento de que tenía heridas en el cuello que le impedían hablar, cuando la ley establece que la declaración también puede realizarse por escrito.
La jueza también prolongó por alrededor de cuatro meses el auto de formal prisión contra el feminicida de Dafne Carreño, quien se encuentra preso en el penal de Santa María Ixcotel, sin recibir sentencia.
Bajo el nuevo código penal, Alejandro Enrique Rivera López podría recibir una sentencia de 40 a 60 años de prisión.
