El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Oaxaca, Juan Albisúa, señaló que ninguna petición de grupo o gremio sindical debe pasar por encima de las garantías individuales de la ciudadanía.
El bloqueo que durante tres días consecutivo realizaron integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a centros comerciales, "más allá de ocasionar una afectación económica y pérdida de ingresos es un acto que amedrenta los derechos fundamentales", dijo.
Hasta este jueves continuaban en el análisis de las pérdidas económicas generadas por dos días de paralización en Plaza del Valle y Plaza Oaxaca, puntos que repetidamente han sido afectados por el magisterio oaxaqueño
Ambas plazas son la fuente de ingresos de cientos de personas quienes trabajan como empacadores, estibadores, empelados de mostrador, entre otros. Fue hasta este jueves cuando se reanudaron las actividades en ambos puntos.
Juan Albusúa indicó que a nadie se le puede justificar el hecho de violar el derecho al trabajo lícito por muy legítimas que sean sus demandas. “Las garantías individuales no pueden ser violentadas por una petición sea justa o no”, expuso.
Fue más allá al indicar que dejar pasar este tipo de actos establece un mal precedente porque plantea que incluso un delito es justificable al momento de una negociación.
“No es más que otra cosa, que decir que la fuerza me permite violar las garantías individuales de cualquier persona. No es un daño al empresariado, es un daño a toda la ciudadanía”, asentó.
Durante el 2016, los integrantes de la sección 22 del SNTE bloquearon centros comerciales en distintas ocasiones. Además de lo anterior establecieron bloqueos carreteros que afectaron la entrada y salida de mercancías.
Las constantes movilizaciones y actos violentos llevaron a l alejamiento del turismo y el desplome de ingresos en comercios y empresas principalmente las ubicadas en el Centro Histórico.
Hasta el momento se habla de una crisis en el sector productivo, tan es así que el gobierno del estado estableció un programa de reactivación económica en la cual entregó diez mil pesos a 7 mil afectados.
