Mujeres indígenas triquis de San Miguel Copala, Putla Villa de Guerrero, quienes dejaron obligadamente su comunidad desde hace casi ocho años por los homicidios de sus esposos y familiares, demandaron a los gobiernos federal y estatal su reconocimiento como desplazadas internas para proteger sus vidas.
La representante de las víctimas, Carolina Francisca López Conde informó que un grupo armado asesinó a balazos, el 2 de febrero del 2010, a sus parientes Inocente Santos López, Vidal Hernández Bautista, Ricardo Gutiérrez Santos y Francisco Antonio Villa, frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en esa localidad.
Tres días después –explicó–, un grupo paramilitar sacó de sus viviendas a otros de sus familiares, Pedro Francisco García Ortega, Alberto Hernández Morales, Pedro Ignacio Hernández Rosas y Pedro Hernández Bautista, para posteriormente matarlos con disparos de arma de fuego.
Ante esto, subrayó que un grupo de 30 mujeres mujeres triquis, entre esposas y familiares, salieron días después de San Miguel Copala, junto con sus hijos, caminando por las montañas, para después refugiarse en Putla Villa de Guerrero o en la ciudad de Oaxaca.
Expuso que ninguna de ellas tienen donde vivir desde entonces porque ninguna instancia gubernamental ha brindado ayuda humanitaria.
Explicó que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo, pues a diferencia de los refugiados, no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, pues permanecen dentro de su propio país, supuestamente bajo la protección de su propio gobierno, aun cuando sea una de las causas de su huida.
Además, mencionó que los desplazados internos conservan todos los derechos como ciudadanos y la protección del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
De este modo, reclamó a los gobiernos federal y estatal su reconocimiento como desplazadas porque debieron salir de San Miguel Copala para proteger sus vidas por la violencia y las masacres sucedidas en febrero del 2010.
Destacó que esta situación permitirá a las administraciones federal y estatal restaurar sus derechos violentados, especialmente a la vivienda, a la alimentación y a la salud, por ser una obligación frente a los tratados en materia de Derecho Internacional Humanitario.
Advirtió que en caso de no protegerse esos derechos, acudirán a organismos internacionales como la ACNUR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
