El Caso Vegas Pérez es la investigación policial en torno al secuestro y asesinato de Carlos Vicente Vegas Pérez, de 13 años de edad, el 22 de febrero de 1973.
El niño Carlos Vicente fue secuestrado en las cercanías de su casa, situada en un lujoso barrio de Caracas, Venezuela.
Aunque el rescate fue pagado oportunamente por los familiares del adolescente, su cadáver fue encontrado unos días más tarde, el 1 de marzo de 1973, en un barranco de las afueras de Caracas.
El equipo de la Policía Técnica Judicial, encabezado por el comisario Fermín Mármol León, imputó como sospechosos a Omar Cano Lugo (alias el Chino), Gonzalo Rafael Cappecci (alias Fafa), José Luis Branger Quiroba (alias Caramelito Branger), Javier Paredes, Alfredo Luis Parilli Pietri, Julio Morales y Diego Rísquez.
El hermano mayor de la víctima, Federico Vegas, estuvo entre los sospechosos, aunque nunca pudo comprobarse su involucramiento. En el curso de las investigaciones se descubrió que el secuestro se había efectuado con la finalidad de saldar una deuda con narcotraficantes colombianos.
Los imputados fueron detenidos inmediatamente, pero liberados más tarde, en lo que se recuerda como uno de los casos representativos de la impunidad del poder en Venezuela, particularmente del poder económico.
Secuestro y asesinato
Nacido en 1959, Carlos Vicente Vegas Pérez era hijo de Trina Pérez Machado y Martín Vegas Pacheco, un renombrado profesor y arquitecto, autor de la Torre Polar de Caracas y miembro de la Comisión de Urbanismo a cuyo cargo estuvo la modernización urbanística de la capital venezolana durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Carlos Vicente fue visto con vida por última vez el 22 de febrero de 1973 en los predios de su casa, en el sector denominado Lomas del Mirador. Se pensó que podría conocer a sus captores e incluso que podría haber aceptado voluntariamente un aventón hacia al lugar donde se dirigía.
El rescate fue pagado por su familia el 26 de febrero tal como lo pedían los secuestradores. El dinero había sido previamente fotografiado por la Policía Judicial.
Por el modus operandi los investigadores sospechaban que el niño podría conocer a sus secuestradores.
El cadáver del niño fue encontrado el 1 de marzo de 1973, en un barranco cerca de la autopista Coche-Las Tejerías, en las afueras de Caracas.
Un portavoz del gobierno expresó que no se iba a escatimar esfuerzos para encontrar a los asesinos. Se declaró una emergencia nacional.
Investigación y detenciones
La investigación demostró que el niño ya había sido asesinado para el momento en que el rescate fue pagado.
El niño tenía el cráneo fracturado y lesiones de golpes en el cuerpo. Se supuso que las lesiones las provocó la caída en el barranco una vez muerto el niño. Podría haber muerto asfixiado con monóxido de carbono al estar encadenado en la cajuela del auto el mismo día del secuestro.
El 6 de marzo fueron detenidos sus supuestos secuestradores, pertenecientes a familias ricas.
En el curso de las investigaciones se descubrió que el secuestro se había efectuado con la finalidad de saldar una deuda con narcotraficantes colombianos. Funcionarios venezolanos viajaron a Colombia para investigar el tema del tráfico de estupefacientes relativo al caso.
Según las investigaciones, luego de secuestrar al chico en las inmediaciones del centro comercial Santa Marta, los plagiarios lo subieron a un vehículo y lo sacaron de Caracas. Se detuvieron en algún paraje solitario para atar sus manos con cadenas y como no tenían un sitio de retención decidieron meterlo en el maletero.
Más tarde, al darse cuenta de que el niño había muerto, decidieron abandonar su cuerpo en Maitana. Sin embargo no desistieron del plan de cobrar el dinero.
Fue por eso que al llamar a la familia el viernes 23 de febrero a las 9 de la noche, el secuestrador se mostraba nervioso y lo primero que preguntó fue: «¿Qué ha pasado?» Pues temía que el cuerpo hubiera sido localizado, al ver que no era así continuaron con su macabro plan.
En los días posteriores se realizó el descarte entre los enemigos, amigos, conocidos, empleados, exempleados y relacionados de los Vegas Pérez.
Se supo que unos días antes del secuestro la familia ofreció una fiesta y surgió un incidente con un grupo de muchachos que no habían sido invitados pese a ser amigos de Federico Vegas, hermano mayor de la víctima.
Cuando se profundizó la investigación, se descubrió además que todos tenían o habían tenido problemas por consumo de drogas, incluido el propio Federico.
El domingo 5 de marzo a las dos de la tarde un juez, un fiscal y varios detectives realizaron la inspección ocular de una quinta en Bello Monte.
En aquella oportunidad se conoció también que en la inspección hecha al vehículo que la señora Trina utilizó para pagar el rescate se localizó una huella digital, trascendió de manera extraoficial que pertenecía a un joven de 20 años de edad, con antecedentes criminales.
El equipo de la Policía Técnica Judicial, encabezado por el comisario Fermín Mármol León, detuvo y acusó a Omar Cano Lugo (alias el Chino) como autor material del asesinato, a Alfredo Parilli Pietri (pariente de la primera dama Alicia Pietri de Caldera) como autor intelectual del secuestro y a Gonzalo Rafael Cappecci (alias Fafa), José Luis Branger Quiroba (alias Caramelito Branger), Julio Morales, Javier Paredes Paredes y Diego Rísquez Cupello, jóvenes entre 18 y 24 años, por el secuestro, encubrimiento y complicidad en el homicidio, todos pertenecientes a familias ilustres y de renombrado apellido de la clase alta caraqueña.
Anulación de la causa y liberación de los implicados
En enero de 1974, la Corte Superior II revocó todos los autos de detención «debido a fallas sustanciales en la instrucción y sustentación del proceso». Cierta declaración del comisario Fermín Mármol León fue considerada por los tribunales como una violación del secreto sumarial, lo que llevó a que las causas penales fueran revocadas en enero de 1974.
De inmediato los padres de los jóvenes detenidos interpusieron una demanda al comisario, a través de sus abogados, por violación del secreto sumarial.
Fermín Mármol León fue citado por el juez y se le ordenó presentarse al término de la distancia, de lo contrario sería arrestado por desacato. Luego de recriminarle duramente, el juez le ordenó que no se investigara nada sin su expreso conocimiento y consentimiento. El equipo de detectives liderado por Fermín Mármol León fue así marginado de las investigaciones.
El magistrado Meléndez Hurtado votó en contra por considerar que en el expediente había suficientes indicios como para confirmar los autos de detención.
Cano y Capecci, los únicos que no pertenecían a familias poderosas, permanecieron presos por tenencia de estupefacientes pero no por el secuestro.
Los demás imputados salieron, «sospechosamente» para la sociedad venezolana de ese momento, en libertad. El crimen permanece impune.
