Como grave para la ciudadanía, calificaron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Oaxaca a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que permite la utilización de las fuerzas armadas (marina y ejército) en tareas de seguridad pública, incluyendo el control de protestas sociales.
“Lo que hace falta son oportunidades, una lucha real y frontal contra la impunidad y corrupción que viene desde los altos mandos de este país, como para que ahora se militaricen las calles de las ciudades y pensemos que con la utilización de los militares vamos a componer el rumbo de este México”, expuso el presidente de la Coparmex Oaxaca, Raúl Ruiz Robles.
Por su parte, el presidente de la Canaco, Juan Albizúa consideró que la aprobación de esta ley envía un mensaje de fracaso del gobierno en la aplicación del estado de derecho y prevención del delito. “Antes de esto deberíamos estar pensando en hacer prevalecer el estado de derecho porque mucha de la inseguridad que se vive es consecuencia del no respeto a las leyes”, dijo.
Ruiz Robles señaló que el impulso que dio el PRI para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es justificable “pensando en que ellos han sido cómplices de la descomposición de este país, pero hay muchas cosas que hacer. Lo que este país necesita es educación, salud, oportunidades, no militares en la calle haciéndola de policías cuando no es su formación”, expuso.
Malos recuerdos
Recordó que Oaxaca vivió una experiencia en ese sentido en el 2006 cuando el ejército ocupó el primer cuadro de la ciudad durante el conflicto magisterial y social.
“Recordemos lo molesto que era convivir con armas largas durante todos los días. Es retrógrada la aplicación de esta propuesta”, declaró.
Indicó que habrá quien aplauda y quienes desaprueben la utilización de las fuerzas armadas en el control de protestas sociales considerando que sin duda hay un hartazgo sobre los bloqueos, sin embargo -expuso- se requiere de un trabajo más profundo. “
Habría que poner a los funcionarios a hacer su tarea, habría que hacer que las organizaciones sociales dejen de lucrar con la lucha social”, dijo.
Para el empresario hay una línea muy delegada entre la libre expresión y la represión por lo que la ley podría resultar violatoria a derechos, advirtió.
Por su parte, Juan Albisúa indicó que el mensaje que se envía es peligroso porque “estamos haciendo las cosas al revés, se está aplicando la fuerza sobre la prevención, sobre la conciencia de respeto al estado de derecho”, dijo.
