Trabajadores de base del gobierno del estado que laboran en distintas dependencias de la denominada Ciudad Judicial, se manifestaron ayer para exigir la transferencia de sus cotizaciones a la Oficina de Pensiones.

El delegado sindical de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade), Víctor Domínguez, informó que las cotizaciones ascienden a cerca de 177 millones de pesos, “mismos que nos fueron descontados ya a los trabajadores y no se reportan a la Oficina de Pensiones”.

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oax.- Como bien reza la frase “¡Muerto el Rey, viva el rey!”, nadie metió las manos al fuego por los secretarios general de Gobierno, Administración y Finanzas, Carlos Santiago Carrasco, Alberto Vargas Varela y Enrique Arnaud Viñas, durante sus comparecencias ante el Pleno de la 63 Legislatura local.

Vecinos del Cerro del Fortín alzaron ayer nuevamente la voz, para expresar que el proyecto denominado "Modernización y conectividad del Auditorio Guelaguetza", en sus componentes de integración urbana y paso peatonal, se realiza en la opacidad y mientras en su realización "se despilfarran grandes cantidades de dinero, miles de habitantes capitalinos carecemos de servicios básicos".

La deuda que traspasó el gobierno estatal saliente a la nueva administración, como deuda de proveedores es por 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales más de 4 millones de pesos corresponden a organismos encargados de proyectos culturales en la entidad.

El secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, reconoció el monto de la deuda con los empresario oaxaqueños, misma que se redujo en un mínimo en comparación con dos meses atrás, cuando los proveedores señalaban un monto por 2 mil 500 millones de pesos.

La secretaria de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Gabriela Velásquez Rosas, señaló que no perderá su tiempo en investigar los posibles desvíos de recursos en el sector, pues priorizó comenzar a trabajar para pronto abastecer de medicamento a los hospitales y centro de salud del estado, así como solucionar el tema sindical.

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- A menos de 22 días de que termine la actual administración encabezada por el edil de Huajuapan con licencia, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, ésta adeuda 20 millones de pesos.

En el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz se adquirieron dos helicópteros con valor unitario de 14 millones de dólares (alrededor de 258 millones de pesos), que no contribuyeron directamente a mejorar los índices de seguridad pública, informó el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.

Durante la entrega de 92 vehículos, entre patrullas para municipios y autos tipo Sedán para la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), afirmó que en su Gobierno se dejaron estas “viejas épocas”.

La posible legalización de los matrimonios gay y las disposiciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impulsaron al Frente Nacional por la Familia (FNF) a lanzar una iniciativa ciudadana para reformar al Poder Judicial de la Federación, a través de firmas para que se presentarán ante el Congreso de la Unión

La clausura de casas jurídicas de la SCJN y conferencias de prensa, fueron parte de las movilizaciones del Frente, el cual enumeró propuestas para seleccionar y evaluar a los magistrados.

El equipo de transición de las administraciones saliente y entrante del ayuntamiento de Oaxaca sostuvieron ayer la primer sesión de la Comisión Municipal de entrega-recepción.

En un breve encuentro en el salón Ex Presidentes del Palacio Municipal fueron presentados los equipos de trabajo del presidente Javier Villacaña Jiménez y del electo, José Antonio Hernández Fraguas.

La 62 Legislatura del estado adeuda a diversos proveedores, entre ellos empresas de comunicación, 19 millones de pesos y por servicios personales a diputados, trabajadores de confianza y asesores 40 millones de pesos, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo García Henestrosa.

Además, calificó de chantaje la supuesta basificación de 42 trabajadores de confianza, que motivó la retención de diputados, legisladores electos, trabajadores y reporteros por parte de los empleados de base de la legislatura.