La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un presunto desvió de recursos públicos por 44 millones 438 mil 163 pesos con 730 centavos en el ejercicio presupuestal 2015 y el primer trimestre de este año.
En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, la ASE subraya que la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Estado de Oaxaca (Sinfra) no justificó 37 millones 684 mil 110 pesos.
Agentes municipales de las localidades que integran el municipio de San Pedro Huamelula, región del Istmo, emplazaron al edil, Joel Vázquez Rojas, a la entrega de participaciones municipales.
A través de un escrito enviado a la Secretaría General de Gobierno (Segego) bajo el sello "Comunidades Unidas del municipio de San Pedro Huamelula", los habitantes advirtieron con iniciar movilizaciones para demanda al munícipe cumplimiento con el compromiso establecido en una minuta de acuerdo.
Como resultado de la política de austeridad implementada por la administración de Gabino Cué, así como del manejo responsable y eficiente de los recursos públicos, el Gobierno de Oaxaca –a través de la Secretaría de Finanzas– suscribió este lunes la Firma del Finiquito con la empresa Sociedad de Objeto Específico (SOE), que ampara el pago total del complejo de Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, en Tlalixtac de Cabrera.
El Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, a fin de que sea la Junta de Coordinación Política, un órgano legislativo integrado por los líderes de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos, la instancia autorice o no el inicio de querellas penales en contra de funcionarios de elección popular que hayan cometido delitos con motivo de su encargo, en un verdadero retroceso a la transparencia y rendición de cuentas.
La 62 Legislatura estatal estableció un plazo de tres años a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para fincar responsabilidades e imponer sanciones a los funcionarios públicos que haya cometido alguna irregularidad administrativa o delito penal en el desempeño de su encargo, cuando en otros estados el mismo es de cinco años.
De acuerdo a la iniciativa presentada por el diputado priísta Adolfo Toledo Infanzón, se establece que las facultades de la Auditoría Superior del Estado para fincar responsabilidades e imponer sanciones, prescribirán en tres años.
