Pese a la inversión de 215 millones 421 mil pesos realizada a los largo de cinco años por parte de gobiernos municipales y recursos federales, las plantas de tratamiento de aguas residuales se convirtieron en elefantes blancos infuncionales y, las que lo hacen, laboran a medias o a mucho menos de su capacidad instalada.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) federal contrató a dos constructoras con antecedentes negativos, para la edificacion de la sala de urgencia del Hospital de Alta Especialidad Presidente Benito Juárez.
En 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimiento sancionador a la empresa Administradora de Capitales de México S. de R. L. por presuntamente falsificar convenios para acreditar experiencia.
A pesar de que el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca vigente obliga a los tres poderes del estado, organismos descentralizados, fideicomisos, órganos autónomos, sindicatos y partidos políticos a poner a disposición de los ciudadanos, sin que medie solicitud alguna, 20 obligaciones de transparencia los portales de los sujetos obligados están sin actualizar o simulan información.
El secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (Semaedeso), José Luis Calvo Ziga, enfrenta reclamos por la presunta comisión de un fraude de 10 millones de pesos en contra de la empresa Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental (SICA), encargada hasta marzo de 2017 de la operación del relleno sanitario de Zaachila.
El gerente general de la empresa, Jorge Sánchez Gómez, acusó que Calvo Ziga, además de fraude, incurrió en abuso de poder y confianza, así como uso indebido de la función pública.
Los oaxaqueños ya pagaron 608 millones de pesos de más por la Ciudad Judicial, y de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, aún deberán pagar otros 662 millones en los próximos años.
Este complejo de 13 edificios ubicado en la agencia Municipal de Reyes Mantecón, es la una Asociación Público Privada (APP) que mantiene vigente el Gobierno del Estado. Apenas en hace 7 meses, la anterior administración terminó de pagar la ciudad Administrativa, que también estaba bajo la misma modalidad contractual.
Los 123 sujetos obligados por la normatividad vigente tienen hasta el 4 de mayo de este año para realizar la carga de información de la información pública de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia, concretamente, en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), de no cumplir con este plazo, quedarán expuestos a las sanciones que la Ley General de Transparencia y la norma local prevén para estos casos, informó el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP), Francisco Álvarez Figueroa.
Vecinos de la unidad habitacional Ricardo Flores Magón del Fovissste denunciaron que el presidente del lugar, Obdulio Zafra Soriano, se ha negado por 12 años a rendir cuentas sobre los ingresos anuales que se perciben, por lo que exigieron una asamblea general informativa de actividades, ingresos y egresos.
En respuesta al reclamo popular de transparencia y rendición de cuentas, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González y el gobernador Alejandro Murat, pondrán en marcha una ventanilla única de denuncia a funcionarios, y tomarán protesta a los Comités de Contralores Sociales que en una primera etapa abarcarán 170 municipios, para vigilar de cerca el uso de los recursos públicos.
Habitantes de San Agustinillo y La Florida, del municipio de Santa María Tonameca, acusaron a las Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de la 63 legislatura, que integran los diputados Eva Diego Cruz, Laura Vigñón Carreño, Gustavo Marín Antonio, Javier Velásquez Guzmán y Juan Bautista Olivera Guadalupe, de proteger al ex presidente municipal Fernando Mendoza Reyes, hermano del coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes.
Surgida a partir del proceso electoral 2015 a propuesta de organismos civiles, la iniciativa “3de3” sigue siendo desdeñada en el país, pero más en Oaxaca.
El pasado martes, el Gobierno del Estado informó que todos los integrantes del gabinete cumplieron con esa medida, pero ninguna declaración de ellos está publicada en el sitio www.3de3.mx.
