Mientras en el Congreso del estado se construye el Sistema Estatal Anticorrupción, la impunidad se pasea por el edificio de San Raymundo Jalpan. Adán Córdova Trujillo, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tiene una larga historia de corrupción e impunidad, que incluye su cese de la Auditoría Superior del Estado (ASE) porque se descubrió que recibía sobornos para brindar impunidad a presidentes municipales que cometieron desvíos de recursos y ahora, participa en la elaboración del esquema jurídico e institucional para abatir la corrupción.

En total opacidad y sin ninguna obligación para comprobar los recursos, los 52 diputados de la 63 legislatura disponen al año de 68 millones 40 mil pesos para gestión y gastos de publicidad, totalmente fuera de la ley.

De las 73 obligaciones que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca impone al Congreso estatal, en su artículo 59, no se encuentra ninguna que mencione la gestión en las diversas comunidades de la entidad.

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAMO) está enferma de opacidad. En los últimos 2 años ha manejado más de 24 millones de pesos, sin transparentar su uso.

Este órgano autónomo mantiene en secreto el reporte financiero de sus operaciones desde al año 2013, de acuerdo con las publicaciones disponibles en su portal de internet. Y desde hace 19 meses, ni siquiera presenta los informes de gasto e ingreso.

El Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, Gustavo Ruiz Garnica, aseguró que revelar los ingresos de funcionarios del gobierno del estado atentaría contra su seguridad.

“Convirtiéndose en información confidencial que como sujeto obligado se debe custodiar”, expresó en el oficio número SA/DRH/DLAC/0137/2017 a una solicitud de información.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) acusó al Gobierno del Estado de no informar a detalle sobre los pagos realizados a Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial durante el año pasado.

A la revisión de la Cuenta Pública 2016, hasta el primer semestre, este órgano fiscalizador advirtió el reporte incompleto.

La anterior administración estatal no dejó registro del costo que tuvo el diseño del Sitibus, tampoco del monto que pagó por este concepto.

La empresa internacional Cal y Mayor, en su página de internet, se adjudica el diseño de este proyecto de movilidad urbana para la ciudad de Oaxaca.

“Estructuración de la fase 1 del sistema integrado de transporte del Área Metropolitana de Oaxaca, México”, expuso en el apartado de “experiencias exitosas”.

Durante tres años consecutivos (de 2010 a 2012), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), contrajo contratos millonarios con la empresa Seguritech Privada SA de CV para la instalación del equipo de videovigilancia para la Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4).

Las adjudicaciones, sin embargo, se realizaron –sin licitación pública– a una empresa investigada en varias entidades del país por incumplimiento y por una cuestionable calidad de las cámaras de vigilancia.

La empresa Ralca, S.A. de C.V., promovió demanda de tipo mercantil contra autoridades estatales por un adeudo derivado de la adquisición de medicamentos para los Servicios de Salud de Oaxaca, por el orden de los diez millones 810 mil 174. 85 pesos, que data de hace 380 días.

De acuerdo a lo informado por el apoderado legal de la empresa, Víctor Espinoza, el adeudo corresponde a medicamentos que fueron entregados al Centro de Oncología y Radioterapia (Coro), así como a los hospitales general Doctor Aurelio Valdivieso y de la Niñez Oaxaqueña.

En los últimos 18 años, en Oaxaca se lucró con las concesiones para el servicio público de transporte. Se incrementó en más del 800 por ciento, al pasar de 5 mil 332 en 1998 a 45 mil 174 a diciembre de 2016, según un informe interno de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra).

En el 2016 se otorgó un total de ocho mil 93 concesiones para el transporte público en diferentes modalidades, que implican el 17 por ciento de las 45 mil 174 concesiones, según un informe de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra).

El Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo informe sobre los nombres, los criterios, la periodicidad y los montos que destinan para el apoyo a organizaciones sociales, recursos que ascienden a mil millones de pesos.