Los montos de dinero que se han aplicado en Oaxaca para atender las emergencias provocadas por los desastres naturales, y posteriormente, la reconstrucción de las zonas afectadas; son un secreto que resguarda el gobierno federal.
El Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) no ha publicado el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Desastre (Fonden), en sus diferentes etapas.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó gasto irregular en el 96 por ciento de los recursos federales auditados en Oaxaca, y que fueron ejecutados entre septiembre de 2016 y junio de 2017.
Oaxaca es el estado de la República Mexicana con el monto más alto de dinero público observado por anomalías en su uso.
En la Ciudad de México existen al menos 7 mil 649 inmuebles con daños, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, y, de ellos, 321, en grave riesgo, según el último informe del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Y ahora salen a flote diversas irregularidades en la construcción de muchos de estos edificios.
La información sobre los funcionarios públicos de Oaxaca es la menos transparentada por las oficinas de los tres Poderes del Estado, organismos autónomos y partidos políticos.
En el diagnóstico preliminar presentado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) reveló que los datos sobre los sueldos y salarios de los servidores públicos, así como las declaraciones patrimoniales de éstos, son los datos menos publicados en los portales de internet de las dependencias evaluadas.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó un supuesto daño al erario por 11 millones 124 mil 414 pesos con 91 centavos durante el último semestre del 2016, de los cuales la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE) no justificó 6 millones 671 mil 130 pesos con 38 centavos.
De acuerdo con el Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización del Tercer y Cuarto Trimestre de Avance de Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi) no justificó 3 millones 528 mil 958 pesos con 64 centavos.
El Gobierno del Estado utilizó empresas fachada y sin experiencia para construir obra pública.
El presidente en Oaxaca de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Giovani Ortega Ramírez, reveló que se trató de compañías sexenales, que aparecieron repentinamente y de la misma forma desaparecieron.
"Empresas que desaparecen, empresas outsourcing; por eso le comento que no había la vocación, muchas empresas eran de outsourcing; empresas que a lo mejor ni siquiera existían", dijo en entrevista.
El Auditor Superior del Estado, Carlos Antonio Altamirano, se amparó contra la reforma realizada por la 63 legislatura local con la cual se da paso a la renovación en el cargo consecuencia del nacimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
El recurso promovido este lunes 9 de octubre quedó asentado en el número de registro 009376/2017 y turnado al juzgado décimo primero de distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
¡Soy Manuel Vera Salinas nada más, y si por ayudar al gobernador, Alejandro Murat, para que no tenga problemas me llaman metiche, pues sí lo soy, porque vine a Oaxaca a trabajar con un hombre al que le tengo lealtad!
Son las palabras del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Oaxaca (SESPO), quien asegura ser sólo uno más de los funcionarios que designó el gobernador para ayudarlo en la tarea de conducir el destino de la entidad, aunque otros, sugieran que es el más poderoso hombre de esta administración, después del mandatario.
Los estudiantes de nuevo ingreso representan un negocio millonario para los directivos de escuelas y facultades universitarias.
Cada uno de estos jóvenes fue obligado a pagar un “apoyo”, el cual es depositado en cuentas bancarias que solo controlan los directores de cada de una de estás escuelas; y no es reportado a la administración central de la Universidad.
El monto de esta cuota es determinado por la dirección de las facultades, y varían en función de la demanda de alumnos y de su capacidad de atención.
A pesar de que el Congreso del estado ejerce en este año 397 millones 297 mil 350 pesos de recursos públicos, el Poder Legislativo no transparenta el gasto de diputados ni cumple con lo que establece el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
