Ante la serie de señalamientos de irregularidades en torno a la entrega de recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas con el sismo del 7 de septiembre, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Oaxaca demandó hacer públicas las listas de tarjetas de apoyo a damnificados.

Raúl Ruiz Robles, presidente de la Coparmex indicó que debe haber un proceso sumamente transparente para evitar que actos de corrupción afecten aún más a quienes perdieron todo su patrimonio.

CIUDAD DE MÉXICO 11-Oct-2017 .-Al tratarse de posibles casos de peculado electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que tiene ocho investigaciones abiertas por la presunta retención de apoyos para los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

El Fiscal Santiago Nieto Castillo detalló que se trata de indagatorias en las Delegaciones Venustiano Carranza y Coyoacán, en la Ciudad de México; así como en Puebla, Morelos, Pátzcuaro (Michoacán), Irapuato (Guanajuato), Estado de México y Juchitán (Oaxaca).

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregará solamente una tarjeta de apoyo a la ex presidenta municipal de Santiago Ixtaltepec, la priista Adelina Rasgado Escobar, si su vivienda resultó afectada por los sismos de septiembre pasado, a pesar de haber registrado tres inmuebles en el censo de daños, afirmó el delegado en Oaxaca de la dependencia federal Elpidio Concha.

Durante el periodo de 2012 a 2016 fueron cometidos desvíos de recursos por 6 mil millones de pesos en la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, reveló el Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Irruegas Álvarez.

El funcionario manifestó que algunos de los montos estarían relacionados a enriquecimiento ilícito de exfuncionarios a quienes ya se les investiga.

Existen cuestionamientos del 2013, 2014, 2015 y 2016, por diversos asuntos, algunos relacionados con crédito puente, dijo.

La figura legal electa para la administración de los recursos destinados a los daminificados de los sismos del pasado mes de septiembre: los fideicomisos públicos, han sido permanentemente cuestionados por prohijar la corrupción, toda vez que se manejan con discrecionalidad y no tienen controles en su ejercicio.

Hoy, 8 mil millones de pesos para la reconstrucción del Istmo de Tehuantepec podrían pasar a ser administrados por fideicomisos, de acuerdo a la iniciativa aprobada la madrugada del sábado pasado por la 63 legislatura.

Oaxaca se encuentra en el top-10 de las entidades en las que las unidades económicas recurren en mayor medida a los “moches” para abrir, mantener o incluso para cerrar un negocio.

Durante 2016, un total de mil 263 unidades económicas -por cada 10 mil- refirieron haber sido víctimas de actos de corrupción en la realización de algún trámite, revela la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La compra de uniformes para 12 mil 500 trabajadores sindicalizados de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se ha distinguido por la opacidad con la que se realiza .

Un video muestra a representantes sindicales quienes expresan sus diferencias a autoridades estatales por la empresa a la que se le asigna la licitación.

Al menos tres investigaciones inició la Secretaría de Administración para detectar a presuntos responsables de la entrega de plazas ilegales a trabajadores de gobierno durante la pasada administración.

El secretario de administración del actual gobierno, Javier Villacaña Jiménez, informó que, derivado de una serie de revisiones durante el proceso entrega recepción, se detectó que había 300 plazas que presentaban anomalías, es decir no tenían ningún sustento legal y tampoco presupuesto para su cobertura.

Apenas el 18 por ciento de los sujetos obligados en materia de trasparencia en el estado tienen un avance significativo de acuerdo a los resultados preliminares de la Verificación Diagnóstica 2017 de los Sujetos Obligados que realiza el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP), destacó Juan Gómez Pérez, comisionado del organismo en Oaxaca.

Y es que se espera que en la primera quincena del mes de diciembre se tengan los resultados finales de las evaluaciones.

Empresas que participaron en la demolición de casas en Juchitán, cobraron hasta 150 pesos por metro cúbico. Y el gobierno federal no ha informado sobre las compañías que laboran en la zona afectada.

La Síndica Hacendaria de esa localidad, María Cruz comentó que no hay transparencia en la operación de las compañías que participan en la demolición de inmuebles afectados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre.