Los ocho meses de la administración actual no han sido suficientes para que los Servicios de Salud de Oaxaca determinen el monto real de la deuda heredada por el sexenio pasado. Las estimaciones de los pasivos se mantienen en más de 5 mil millones de pesos, entre obras inconclusas y servicios que todavía no se comprueban que se prestaron.
Los sindicatos y partidos políticos violan la Ley General de Transparencia, ya que han evitado reportar el uso que hacen de los recursos públicos y de las acciones que realizan.
Ninguno de los organizaciones sindicales que tiene presencia en Oaxaca ha publicado, a través de una página de internet propia, la información a la que está obligado.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps), en el estado hay 57 síndicatos activos.
Por mayoría de votos, la 63 legislatura aprobó desaparecer la Auditoría Superior del Estado (ASE), para crear en su lugar el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, que contará con plena autonomía técnica, de gestión, presupuestal y financiera para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
La Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) presentó diversos expedientes en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental tras detectar irregularidades en la construcción del Centro de Iniciación Musical, la Ciudad de los Archivos y la edificación de viviendas en la comunidad de Mitlatongo, informó su titular Fabián Sebastián Herrera Villagomez.
Después de participar en el acto de izamiento de bandera en la Alameda de Léon, afirmó que “el problemón de Mitlatongo", ya se encuentra en la Contraloría.
Más de la mitad de las dependencias estatales operan con opacidad; de acuerdo con la evaluación preeliminar que presentó el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP).
Este órgano reveló que el 82 por ciento de los sujetos obligados, que incluyó a oficinas de los Tres Poderes del Estado, municipios, partidos políticos y organismos autónomos; han transparentado menos del 59 por ciento de las obligaciones que les impone la ley de la materia.
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) publicó, apenas, los reportes financieros de sus gastos.
NOTICIAS constató que, hasta el viernes, este órgano no había presentado los informes de los trimestres: octubre-diciembre de 2016 y enero-marzo de 2017.
El IAIP simuló cumplir con esta obligación presentando ligas electrónicas en su portal de transparencia, sin embargo, éstas llevan a reportes de septiembre y enero de 2016, respectivamente.
A pesar de que Oaxaca ya homologó su sistema anticorrupción con el federal, el Semáforo Anticorrupción que elabora el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) le asigna un 85 por ciento del nivel de implementación en el monitoreo de sistemas estatales anticorrupción.
EL Gobierno del Estado viola la Ley de Contabilidad Gubernamental, y a la fecha, mantiene resguardada la información sobre el uso de los recursos públicos.
La Secretaría de Finanzas incumplió con el reporte de sus gastos durante el segundo trimestre de este año.
A la fecha, esta dependencia estatal no ha publicado este balance de ingresos y egresos en su portal de internet, a pesar que la Ley de Contabilidad Gubernamental señala que esto es una obligación.
El Gobierno del Estado desaprovechó más de 915 millones de pesos para combatir la pobreza.
De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de la Gubernatura, en la actual administración estatal, durante el año 2015, no se ejercieron el 86.34 por ciento de los recursos provenientes del Fondo Regional (Fonregion), que reciben los 10 estados del país con el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), con el objeto de repetir los niveles de marginación.
Oaxaca registra un nivel muy alto de impunidad y una cifra negra de 93.3 por ciento, de acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2016, elaborado por la Universidad de las Américas, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia.
