Con un rezago de hasta tres años, se muestran los datos relacionados a temas de interés público para la sociedad en el portal oficial del Gobierno del Estado, ello a pesar de que el mandatario, Alejandro Murat Hinojosa, ofreció rendir cuentas efectivas, honestas y de transparencia para cumplir con la población y en especial, con lo que mandata la Ley en materia de transparencia.
Con una calificación de 93.50 unidades en Impunidad; 92.26 en opacidad (transparencia) y 61.81 en anticorrupción, Oaxaca es de los estados con peores resultados en el Coeficiente TAI 2017, herramienta creada por las organizaciones Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.
El Coeficiente TAI tiene una escala del 1 al 100, en el que a mayor valor, peor es el desempeño: “una especie de mancha voraz”, destaca el análisis.
Los autores intelectuales de los desvíos de recursos públicos difícilmente son sancionados; reconoció José Ramírez Luna, funcionario de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca.
“Esa es la realidad, por lo regular se encuentra a los cómplices pero no al (autor) intelectual, es más complicado, te lleva más tiempo”, dijo durante su participación en el foro "Retos del Sistema Estatal Anticorrupción en Oaxaca".
La transparencia es un instrumento más del poder, que fue capturada por la clase política desde hace años para encubrirse; señaló, Víctor Samuel Peña Macillas, integrante del sistema Nacional de Investigadores de México.
La vocera de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Combate a la Corrupción, María de Jesús García Estrada, aseguró que desde niños vivimos la cultura del soborno.
Afirmó que estas prácticas no se acaban con una ley o un sistema especial.
“Los vivimos desde la infancia, desde que somos padres y llevamos a nuestros hijos, y ya sabemos que le vamos a dar un regalito a la maestra el 15 de mayo, o cosas como esas”, dijo.
El Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas, afirmó que no ha habido una buena práctica para transparentar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre.
“Yo no tengo nada ahorita, por el momento, que pueda decir ‘esta es una buena práctica’, no lo tengo. Había problemas, incluso, para el diagnóstico”, dijo en entrevista.
La mayoría de las obras públicas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Oaxaca (SAPAO) ejecutadas en la modalidad de Contrato durante el segundo trimestre del 2017 la pactó mediante adjudicación directa, de acuerdo al portal de Transparencia Presupuestaria del Gobierno del Estado.
De las 23 obras licitadas por Sapao, 19 fueron por adjudicación directa y cuatro por invitación restringida a cuando menos tres contratistas, resalta el documento.
El 86.7 por ciento de las obras licitadas por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), del primero de enero al 30 de junio del 2017, fue requerida mediante adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo al portal de Transparencia Presupuestaria del Gobierno del Estado.
Sólo cinco proyectos por contrato realizó la Comisión Estatal de la Vivienda (CEVI) en el primer semestre del año y todos por adjudicación directa, según el Portal de Transparencia Presupuestaria del Gobierno del Estado.
Por lo que viola la Ley de Obras Públicas del Estado de Oaxaca, la cual recomienda realizar licitación pública sobre la adjudicación directa e invitación a por lo menos tres contratistas.
Un total de 85 denuncias fueron interpuestas por Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) por la desaparición de 233 equipos de maquinaria que formaban parte de los módulos utilizados para la rehabilitación de caminos en el sexenio anterior.
El actual director de CAO, David Mayrén Carrasco, informó que hay diversas auditorías realizadas por la Secretaría de la Contraloría. Se han recuperado tres equipos y se presentaron 85 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, a través de la Contraloría, en las que se investigan el destino de los módulos de maquinaria.
