El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) simuló la realización de una encuesta para justificar un gasto cercano a los 5 millones de pesos.

De acuerdo con los resultados de la auditoría número 1258-DS-GF a los recursos 2016 del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Gobierno del Estado no presentó evidencia que demostrara la realización de esta encuesta “a la ciudadanía en general vía telefónica”.

Proveedores de uniformes escolares alzan la voz ante la falta de pagos por parte del Gobierno del Estado, de la dirección de finanzas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y de la Secretaría de Finanzas. La deuda que tienen con ellos suma 143 millones de pesos.

El Gobierno del Estado a través del programa Vamos Juntos a la Escuela, dotó de uniformes escolares a más de 900 mil alumnos. Para alumnos de zonas rurales, contrató los servicios de una empresa mediante una licitación nacional.

En el ejercicio fiscal 2017 Oaxaca pagó 2 mil 26 millones 77 mil 400 pesos por concepto de servicio de deuda pública y obligaciones de pago, con recursos de las participaciones, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), recursos fiscales no etiquetados y del crédito contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) denominado Mas Oaxaca.

De los 38 mil 271 trabajadores de base y confianza del gobierno del Estado, alrededor del 15 por ciento, es decir 5 mil 740 empleados, son “aviadores” o marcan su tarjeta de asistencia y no laboran, afirmaron fuentes de la Secretaría de Administración.

Los informantes confiaron que incluso esta cantidad es moderada, porque no existe una estadística sobre el particular.

Durante la gestión de Germán Cervantes Ayala al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se registraron rregularidades en la asignación de plazas libres por motivo de jubilaciones. Con ellas habría beneficiado a personal allegado, uno de ellos el ex director de comunicación social de la dependencia.

En el ejercicio fiscal 2016 el órgano fiscalizador federal detectó un presunto daño a la hacienda pública por 460 millones 864 mil 100 pesos, en los recursos del gasto federalizado entregados a la entidad.

La Auditoría Superior de la Federación explicó que estos recursos están integrados por 384 millones 865 mil 600 pesos que fueron retirados de las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y de los que no se acreditó que fueran transferidos a los organismos ejecutores, o en su caso el destino de los mismos.

La Secretaría de Finanzas ha ocultado al Congreso del Estado la contratación del crédito por mil 200 millones de pesos, que le fue autorizada para los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

Además, este dinero le llegó al Gobierno estatal cuando Bansefi ya había entregado más del 94 por ciento de las tarjetas de reconstrucción a los damnificados de Oaxaca.

El crédito de mil 200 millones de pesos que el Congreso estatal autorizó contratar en deuda para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017, sirvió para el cuarto pago de los recursos que se entregaron a los afectados a través de las tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), “por lo que es probable que se solicite la autorización para contratar un nuevo empréstito porque aun falta aportar la contraparte al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), aseveró el secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas.

Desde hace al menos dos semanas la Secretaría de Finanzas (Sefin) cobra por placas que la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) no está entregando.

La carencia de insumos al interior, también se refleja en las tarjetas de circulación.

Esta situación ha provocado molestias entre la ciudadanía quienes a través de redes sociales denunciaron “fraude” en el programa de Tenencia Cero.

El Comité de Participación Ciudadana incumplió con los plazos fijados en la convocatoria para la selección del Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

Los integrantes de este órgano -que tiene un origen cuestionado por un irregular proceso de conformación-, no presentaron la terna de los aspirantes a ocupar este cargo.