La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Gobierno del Estado de Oaxaca, desde el pasado 14 de marzo del 2017, información sobre la asignación y contratación de publicidad oficial, sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Oaxaca figura entre las 5 entidades del país que no colaboraron con el organismo nacional en la integración de su Informe Especial Sobre Publicidad Oficial dado a conocer este 2018, según consta en el contenido del documento.

Antonio tenía un restaurante-bar en el centro histórico capitalino, tramitar el permiso lo llevó a ser víctima de un funcionario corrupto en 2008 y decidió acusarlo ante la instancia superior de gobierno, pero ello le costó a Antonio tirar a la basura dos millones de pesos en nueve meses.

“Me dijo que él se encargaría de darme mi permiso, que yo no me preocupara. Él trabajaba allí en el ayuntamiento y pues yo acababa de regresar a Oaxaca, no sabía bien cómo daban los permisos, pero desconfié cuando me pidió que le depositara 20 mil pesos a una cuenta a su nombre.”

A dos meses de haber sido integrado el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, este órgano públicamente es inexistente.

No hay registro público, ni siquiera, respecto a la ubicación de alguna oficina.

El Juzgado Octavo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) no localizó a este nuevo órgano local para notificarle el juicio de amparo en su contra, promovió por el ex consejero electoral, Uriel Pérez García.

Y la declaró inexistente.

La falsificación de documentos oficiales no es una realidad ajena en Oaxaca, tan sólo en diciembre del año pasado fueron detenidas 4 personas por la comisión de este delito, quienes recurrieron a otorgar datos falsos a diversas autoridades sobre su lugar de origen, nombre y hasta profesión, según documenta la Fiscalía General del Estado.

Y es que en la entidad, como en cualquier otro estado de la república, la falsificación de documentos oficiales no es difícil de realizarse.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción subió a la red una página vacía.

Este portal electrónico solo contiene, en su portada, diez videos de los ciudadanos que contendieron por el puesto de Secretario Técnico.

En la parte superior están anunciadas tres secciones: inicio, aspirantes y actas. La primera y la segunda tienen el mismo contenido, que corresponde a las entrevistas que el Comité realizó, en febrero, a los aspirantes al cargo de Secretario Técnico.

La Confederación de la República Mexicana (Coparmex) Oaxaca solicitó al gobernador del estado y la 63 legislatura estatal dotar, sin dilación alguna, de recursos presupuestales suficientes para que el Comité del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción comience a operar de inmediato.

Así como que a la brevedad posible se cuente con la Plataforma Digital Estatal, la cual es una herramienta tecnológica establecida en la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y que es obligación desarrollarla en cada estado.

El Gobierno del Estado ocultó la relación de vehículos que integran su padrón.

A diferencia de la administración estatal anterior, no se transparentó la matrícula de cada una de las unidades de motor que pertenecen a todas las dependencias estatales.

En el listado publicado en el portal de transparencia presupuestaria, el Gobierno oaxaqueño solo informó del número de vehículos asignados a cada oficina pública, el costo económicos de éstos.

Una revisión que realizó la organización Borde Político a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalló inconsistencias en los recursos ejercidos por municipios de Oaxaca en el 2016, entre los que sobresale San José Chiltepec, que no pudo comprobar en qué utilizó 16 millones 505 mil 600 pesos.

Durante el año pasado, incrementó en 68.5 por ciento las solicitudes de información pública a instituciones públicas de Oaxaca.

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP) reveló que, al 15 de diciembre de 2017 registró 8 mil 36 requerimientos de datos por parte de ciudadanos, mientras que un año antes, fueron solo 4 mil 767.

CIUDAD DE MÉXICO 04-Mar-2018 .-Ex Ediles de Oaxaca en el sexenio anterior, acusaron que una empresa ligada al ex subsecretario de Finanzas del Gobierno estatal, Alberto Benítez Tiburcio, cobró "moches" millonarios a cambio de "bajarles" recursos federales de los Ramos 28 y 33.

La empresa lleva el nombre de Servicios de Inteligencia en Finanzas, Empresarial y Gubernamental S.C. (Sifeg) y está dedicada a servicios de consultoría en administración.