Los 150 contratos que los Servicios de Salud de Oaxaca firmaron con la empresa Disur S.A de C.V. por adjudicación directa amerita que se abran carpetas de investigación y que el Poder Judicial determine si existen o no responsabilidades, sostuvo Jorge Emilio Iruegas Álvarez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El incumplimiento en obligaciones de transparencia ya no solamente será responsabilidad de los servidores públicos a cargo de esta área, sino que sanciones administrativas podrían alcanzar a los titulares de las diferentes dependencias, señaló en entrevista para NOTICIAS el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIPO), Juan Gómez Pérez.
Junto con los alimentos y las bebidas, el ingreso familiar es diluido por el pago de transporte público. La movilidad de los hogares requiere el 18.5 por ciento del ingreso neto total monetario.
El reporte nacional de Movilidad Urbana en México 2015 refiere que los hogares con ingresos más bajos gastan más en transporte en términos porcentuales.
De los 42 diputados locales del Congreso local únicamente el presidente de la mesa directiva, José de Jesús Romero López, entregó y actualizó su declaración Tres de Tres; en tanto, todos los funcionario del gabinete estatal también presentaron su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, encabezados por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
El uso de mil 230 millones 600 mil pesos no han sido comprobados, desde el año 2016, por nueve municipios oaxaqueños, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y el Gobierno del Estado; de acuerdo con la información presentada por el colectivo “¿Fuiste Tú?”.
La agrupación situó a estas instituciones oaxaqueñas en el rango de “nos preocupa”, en el cual se encuentran 266 dependencias federales, estatales y municipios de todo el país.
La 63 legislatura del estado dio “atole con el dedo” a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción al supuestamente dotarla de mayor autonomía técnica, financiera y de gestión, cuando en realidad seguirá dependiendo de la Fiscalía General del Estado, al mantenerse incólume su relación por no aprobarse una reforma constitucional.
Tras revelarse que empresas ligadas a Eviel Pérez Magaña y su familia se beneficiaron con contratos de obra pública, senadores plantearon que debe dejar la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que se le investigue.
Grupo REFORMA publicó que, entre 2014 y 2017, tres empresas, una de las cuales pertenece en 50 por ciento al ex senador priista, recibieron contratos por 500 millones de pesos.
El presidente de la mesa directiva de la 63 legislatura del estado, diputado Jesús Romero López, aseveró que funcionarios de alto nivel de la administración pública estatal fueron designados como “mayordomos” de candidatos priistas a diputados federales, locales y concejales, a fin de apoyarlos con recursos económicos, materiales y humanos del gobierno en sus campañas.
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) es competente para conocer e informar sobre la integración anual de los ingresos del Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas, de 2011 a 2018.
En los primeros cuatro meses del 2018 se han abierto 150 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos en la entidad un incremento de 2.2 veces respecto al mismo periodo del 2017, cuando se presentaron 67 carpetas abiertas, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
