La presidenta de la Mesa Directiva de la 65 Legislatura, Mariana Benítez Tiburcio, planteó modificar el Código Penal para sancionar el suicidio feminicida inducido, a fin de que se garantice a las mujeres oaxaqueñas el acceso pleno a la justicia.
La legisladora local sostuvo que el suicidio feminicida es uno de los pendientes en la agenda legislativa, toda vez que afecta a las mujeres y provoca que queden en la impunidad delitos que actualmente no están visibilizados; por ello, pidió incorporar en el Código Penal la tipificación de este delito que garantice justicia a las víctimas.
“El suicidio es otra forma de muerte violenta que sufren las mujeres que son inducidas a quitarse la vida tras recorrer un camino de violencia sexual, física, familiar, emocional, psicológica, en sus relaciones de pareja que las orillan a tomar esta decisión”.
Explicó que según la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca, el 85 por ciento de los suicidios que se registraron en cinco regiones de la entidad durante los últimos años, se consumaron por mujeres de entre 11 y 20 años de edad, mismas que tenían ocupaciones en labores del hogar, como empleadas y estudiantes.
“Es urgente que como legisladores centremos el debate en el establecimiento de marcos jurídicos que realmente sancionen las conductas de violencia, que muchas veces expone la vulnerabilidad de las mujeres y se permite que los agresores no reciban un castigo contundente”.
Benítez Tiburcio destacó que a nivel internacional, España se encuentra a la vanguardia con la aprobación de una ley histórica, que entre diversas acciones tipifica el suicidio feminicida; mientras que en el país, el estado de Jalisco es pionero en esta legislación; por lo cual, urgió a las y los diputados incorporar a la legislación penal esta iniciativa de reforma.
Comentó que el suicidio feminicida se determina como una acción de privación de la vida por autoinducción, el cual se caracteriza por la presencia del crimen sexual, abuso de poder, ausencia de redes familiares y falta de acción de los órganos de gobierno para atender esta problemática.
“La violencia en contra de las mujeres es una preocupación generalizada, pero la intolerancia social de naturalizar la violencia y permitir la impunidad, se traduce en la falta de acceso a la justicia”.
