En Oaxaca la mayoría de los ciudadanos considera que las prácticas corruptas en el gobierno y los partidos políticos, son muy frecuentes o frecuentes, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El Índice de Competitividad Estatal 2022 señala que la percepción de corrupción estatal en Oaxaca, es decir el porcentaje de la población urbana de 18 años y más que considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes, llegó al 90 por ciento.
En tanto que la percepción de corrupción en partidos políticos, es decir el porcentaje de la población urbana de 18 años y más que considera que las prácticas corruptas en los partidos son frecuentes y muy frecuentes, es de 88 por ciento.
Por tanto, la diferencia entre una y otra es de apenas 2 puntos porcentuales.
Y si bien, algunos aseguran que la corrupción se trata de una cuestión cultural, otros, que es un problema del Estado de Derecho y de cumplimiento de leyes, lo cierto es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad.
El IMCO ha propuesto un mínimo de 11 compromisos de política pública para el control efectivo de la corrupción en las entidades federativas del país.
Estos compromisos son: impulsar la creación de fiscalías generales que garanticen independencia, autonomía y fortaleza institucional para la adecuada persecución e investigación de los delitos; que las observaciones de las auditorías internas y externas (órganos de fiscalización estatal y federales) sean públicas y accesibles, también el nivel de funcionarios públicos involucrados, recuperaciones financieras y avances relevantes en las investigaciones; gobierno sin archivos de papel que cumple tanto con la Ley General de Transparencia como con la Ley de Archivos; y un gabinete que voluntariamente publique la “3 de 3” en la Plataforma Nacional Digital.
Además, de un gobierno que tenga un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos provistos por el gobierno estatal, incluidas las acciones y programas de desarrollo social; un gobierno con un Catálogo de Programas Sociales y Acciones de Desarrollo Social; con adecuada planeación para los proyectos de infraestructura con requisitos que aseguren pertinencia y sustentabilidad; un gobierno que publica la información sobre contrataciones y obras públicas con los estándares nacionales e internacionales de datos abiertos; y que impulse a nivel nacional una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas.
Así como un gobierno que informe sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas para todas las dependencias de manera oportuna; que compre a través de Compranet; y un gobierno comprometido con el Sistema Nacional Anticorrupción que no ponga trabas al sistema local y asegura su independencia y eficacia.
