Octavio Vélez
La publicación del decreto que establece la Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales, después de 16 años de lucha y seis de la consulta indígena, constituye un hecho histórico porque se reconoce por primera vez en México, el derecho a la administración comunitaria del agua en 16 comunidades zapotecas de la micro región Xnizaa del Valle de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, afirmó el presidente del Comité Local de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) en San Isidro Zegache, Ernesto Santiago Martínez.
“Para las comunidades, es un avance significativo, ya que nuestros esfuerzos han tenido frutos”, asentó.
En conferencia de prensa, ofrecida con sus compañeros e integrantes del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, el representante afirmó que las comunidades iniciaron la lucha en contra de un decreto de 1967 porque imponía una veda por tiempo indefinido en los Valles Centrales en perjuicio de los campesinos.
“Esta medida arbitraria, orilló a nuestras comunidades a iniciar la lucha por la vía legal, que tuvo como resultado la consulta indígena, donde por más de seis años se debatieron nuestros derechos y nos permitieron hacer visibles las omisiones de la actual Ley de Aguas Nacionales”, anotó.
Por eso, expuso que el actual decreto establece una nueva relación con el Estado mexicano, pues la organización comunitaria y las autoridades locales son reconocidas y permite una nueva coordinación horizontal con las instituciones del gobierno federal para cuidar y preservar el agua a nivel local.
“Sin duda, este nuevo mandato plantea nuevos retos y compromisos, ya que nunca desde que México es nación, se había permitido una administración conjunta entre instituciones del Estado y los pueblos indígenas”, aseveró.
Detalló que el decreto es fruto de las propuestas y demandas de las comunidades zapotecas, a través de asambleas y mesas de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con la asesoría de organismos internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos, así como de organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con los pueblos, incluyendo el acompañamiento y asesoría permanente del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto.
Además, reconoció que este decreto abre la puerta de una nueva relación con el Estado para garantizar la gestión local del agua y el adecuado manejo del acuífero, así como el impulso de obras de recarga y su cuidado.
“Sin embargo, son muchos los retos que tenemos las comunidades por enfrentar, pero lo hacemos con la seguridad de que está experiencia es un precedente para otros pueblos indígenas, que permitirá cuidad y garantizar el acceso al agua de las futuras generaciones”, terminó.
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