El desafuero a representantes populares y la cárcel forman parte de las penalidades establecidas en la iniciativa de ley para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, presentada al Congreso del Estado el pasado viernes por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.
La iniciativa propone modificación a la Constitución del Estado de Oaxaca, al Código Penal del Estado de Oaxaca, a la Ley de Servidores Públicos y a la Ley Orgánica Municipal para establecer que toda aquella persona sin importar el cargo que ostenta pueda ser sancionada en términos administrativos, políticos y penales.
Lo anterior va más allá de lo aprobado por el Senado de la República ya que la reforma que tocó cinco leyes (Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos; Ley General en Materia de Delitos Elctorales; y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral), no contempló sanción penal.
Angel Alejo Torres, consejero Jurídico del Gobierno del estado, explicó que en el proyecto de ley para Oaxaca se establece una pena privativa de la libertad a aquella persona que busca que una mujer no participe en un proceso de elección público o que en el desempeño del cargo de elección popular que ya tiene se le trate de impedir ejercerlo.
Iniciativa de avanzada: Inmujeres
Paula Soto, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) indicó que la iniciativa presentada en Oaxaca es de avanzada y fundamental en un contexto donde los casos de violencia política que se viven en el país entero “están sin atención por falta de un marco normativo que le garantice a las mujeres su derecho de participación en los espacios públicos”.
Destacó que la reforma aprobada por el senado de la república no establece una pena privativa de la libertad
