Los pactos políticos y no las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, son las que rigen el sistema de transporte en el estado de Oaxaca, así lo consideró el presidente de la organización Movimiento Vial Ciudadano y catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Armando Colmenares.
“Hay pactos políticos entre el gobierno y los empresarios, eso impide que se apliquen sanciones para dar a la ciudadanía un servicio de calidad”, dijo.
El pasado 14 de abril de 2019, la 64 legislatura local aprobó una nueva Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca.
En ésta contempla que será motivo de revocación de concesiones si los vehículos son utilizados para el cierre de oficinas públicas y bloqueo de vialidades, si no portan cámaras de videovigilancia al interior del vehículo o no cubren las indemnizaciones por daños a la administración pública, usuarios y terceros.
"Un sueño guajiro"
Al 23 de abril, nueve días después de la aprobación del Congreso de Oaxaca, la ley continúa sin ser publicada en el Periódico Oficial del Estado y por tanto sin vigencia
Para Armando Colmenares lo avalado por la actual legislatura representa “un sueño guajiro” pues indicó que hasta el momento las autoridades no han logrado que el empresariado del transporte público urbano cumplan con las medidas acordadas en agosto de 2018 cuando se autorizó el alza de 1 peso al precio del transporte con la cual la tarifa pasó de 7 a 8 pesos.
“Los camiones están trabajando con sobrevida. La norma dice que a los diez años ya tienen que ser renovados pero mantienen unidades hasta con 20 años”.
"Pactos políticos"
Enfatizó que dentro de la Secretaría de Movilidad (Semovi) continúa laborando Alejandro López Villanueva, empresario del transporte urbano en la capital ligado a la empresa Sertexa, quien fue incluso encargado del despacho.
“¿Quién sanciona a quién? Las concesiones se pueden revocar pero no lo aplican porque hay pactos políticos”.
Otras de las “deudas” del empresariado transportista con la ciudadanía es la capacitación a sus conductores, los cuales circulan a exceso de velocidad, con puertas abiertas, realizan paradas en lugares prohibidos o hacen base en paradas no autorizadas.
“Las normas están quebrantadas y representa una violación a los derechos humanos de la ciudadanía”, sostuvo.
De acuerdo con información publicada por la Semovi en su portal de internet, del 4 al 8 de febrero de este año durante los operativos fueron revisadas 232 unidades del transporte público, de las cuales 91 fueron puestas a disposición ya fuera por no contar con licencia de manejo, tarjeta de circulación o placas.
La información no precisa si en algún caso hubo cancelación de concesiones.
