Personal de la vicefiscalía de justicia de la Cuenca del Papaloapan inició las carpetas de investigación tras las agresiones a una familia que fue despojada de sus predios, quemadas sus propiedades y expulsados de la comunidad de San Isidro El Arenal en San Juan Lalana, en tanto, tras varios días del problema, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca apenas emito la medida cautelar 19/2024.
La dependencia a través de un comunicado precisó que, ante probables violaciones a la dignidad, la libertad física y del culto, a la integridad y seguridad personal, emitió la medida cautelar para las personas que profesan una religión distinta a la católica.
Por ello, afuera del auditorio Guelaguetza en el Cerro del Fortín, integrantes de la religión cristiana evangélica protestaron ante la negligencia de las autoridades gubernamentales para atender el problema y poner en riesgo la integridad de las personas.
El problema se recrudeció el 6 de agosto de 2024,cuando los habitantes de San Isidro Arenal incendiaron el templo de los cristianos evangélicos en Cerro Cajón para obligarlos a abandonar la comunidad.
Pero diez días después, el 16 de agosto cuatro pastores fueron golpeados, desnudados, paseados por el pueblo y encarcelados, a pesar de las denuncias ante la autoridad gubernamental.
Se trata de los pastores Moisés Sarmiento Alavés, Esdras Ojeda Jiménez, Pablo Gómez Sosa y Nabor Ojeda que llegaron a brindar ayuda a los cristianos afectados. Las cuatro personas fueron golpeadas, obligadas a caminar desnudos y encarceladas por seis horas.
Pero los abusos por parte de la autoridad municipal y pobladores se intensificaron el 21 de agosto, cuando otras viviendas fueron destruidas y tres mujeres fueron privadas de su libertad, para posteriormente ser expulsadas de la comunidad.
La autoridad de la agencia municipal indica que tienen un acuerdo del 2 de octubre de 1993 que establece que en la comunidad únicamente se puede profesar la religión católica, con el objetivo de preservar sus tradiciones y evitar divisiones.
La Fiscalía tomó pleno conocimiento del caso y, al igual que la Secretaría de Gobierno (SEGO), se comprometió a realizar las investigaciones correspondientes, establecer paz y seguridad para evitar posibles situaciones de riesgo en agravio de la población evangélica.
A pesar de las convocatorias a reuniones, los representantes de la agencia municipal se han negado, en tanto en la Fiscalía siguen las investigaciones por diversos delitos, entre ellos el robo de ganado y saqueo de las viviendas, así como daños.
