La Fiscalía General del Estado investiga y mantiene abiertas diversas carpetas de investigación en contra de autoridades municipales que sostienen contubernios con criminales, afirmó su titular Rubén Vasconcelos Méndez.
“Sí tenemos más investigaciones relacionadas con varios presidentes municipales en diversas regiones del estado”, aseveró.
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- La titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), Aida Ruiz García, informó que recientemente recibieron la queja de que el sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Tlaxiaco estaba realizando cobros indebidos a las personas de la tercera edad, para poder ser incluidos en el programa Guelaguetza, acción que es totalmente gratuita.
La comisión legislativa de reconstrucción por los sismos del 2017 presentó, a través de la Sedatu a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), evidencia de diversas irregularidades detectadas en la gestión de Rosario Robles Berlanga, entre ellas, la asignación de obras en el Istmo de Tehuantepec a empresas como Grupo Salcedo, que no cumplió con los trabajos, afirmó el diputado Pavel Meléndez Cruz.
Además subrayó que no fueron 41 los municipios afectados en la región istmeña, “sino más de cien”.
Con el pretexto de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (Osfeo) debe vincularse con el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, los diputados integrantes de la comisión permanente de vigilancia del sistema presentaron una reforma de ley para destituir a uno de los sub auditores del órgano autónomo.
En el ejercicio fiscal 2018 más de 150 municipios no entregaron la justificación de la obra pública municipal realizada con recursos federales y, al vencer el plazo otorgado para cumplir con las observaciones, más de 60 municipalidades no cumplieron con esta obligación que implica un total de 300 millones de pesos, informó el secretario de la Contraloría y transparencia gubernamental, José Ángel Díaz Navarro.
A la fecha 40 municipios del estado de Oaxaca no han logrado comprobar 200 millones de pesos de recursos federales del ejercicio fiscal 2018, por lo que podrían ser acreedores a una multa mínima de 150 o máxima de 2 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de acuerdo al artículo 10 fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Además, podrían ser sancionados en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por falta administrativa grave conforme al artículos 63 de dicho ordenamiento legal.
La Auditoría Superior de la Federación ha suscrito convenios de colaboración con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a fin de intercambiar información, de tal manera que el órgano fiscalizador cuenta ya con los registros federales de contribuyentes de todos los municipios del país y no se pueden expedir facturas de bienes pagados con recursos etiquetados de programas federales, informó el auditor especial de gasto federalizado de la ASF, Emilio Barriga Delgado.
TEHUANTEPEC, Oaxaca.- El titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), Adolfo Maldonado Fuentes, no acudió a la reunión prometida este jueves con profesores del sector 05 de Matías Romero para ver los pagos a las constructoras que no han terminado la reconstrucción de aulas en la zona.
El profesor Alberto Estudillo Mendoza, representante regional del Sector 05 Matías Romero, había declarado que de no haber respuestas favorables para ese día iniciarían movilizaciones conjuntas y permanentes.
Oaxaca, al igual que el Estado de México y Chiapas, es la entidad con la mayor cantidad de recurso público ejercido en 2018 no comprobado. De acuerdo con la información de la plataforma #DataCoparmex, las tres entidades juntas concentran el 60% del recurso del cual hasta el momento se desconoce el destino que tuvo.
El Secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez-Girón, designó a Blanca Estela Aranda Santamaría como nueva Tesorera del Gobierno del Estado.
La nueva funcionaria sustituye a Raúl Palomares Palomino, quien solo estuvo en el cargo menos de seis meses; es la propuesta del Gobernador Alejandro Murat para ser designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
