Oaxaca, al igual que el Estado de México y Chiapas, es la entidad con la mayor cantidad de recurso público ejercido en 2018 no comprobado. De acuerdo con la información de la plataforma #DataCoparmex, las tres entidades juntas concentran el 60% del recurso del cual hasta el momento se desconoce el destino que tuvo.
La información publicada recientemente por el organismo patronal, detalla que Oaxaca fue la peor entidad con un faltante por comprobar de 1,943.8 millones de pesos; el Estado de México con 1,814 millones; Chiapas registró 1,071 millones y Jalisco 1,070.
En contraparte, Sinaloa fue el estado mejor calificado en donde se comprobó cada peso aplicado al igual que en Sonora, Querétaro y Baja California Sur.
Así, en 28 estados aún es necesario aclarar en qué se gastaron 9,789 millones de pesos, cifra equivalente al 15% del presupuesto asignado al proyecto del aeropuerto en Santa Lucía y similar a una tercera parte del presupuesto asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el año pasado.
La información #DineroPrófugo fue construida a partir de la primera Entrega de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoria Superior de la Federación a julio de 2019.
Este indicador construido por la Coparmex se relaciona con el eje estratégico de Estado de Derecho y Democrático, “buscando promover un cambio en los gobernantes estatales a fin de que se comprometan con una agenda de transparencia y una correcta gestión en el uso de los recursos públicos”.
De acuerdo con la organización Transparencia Internacional, de entre los países miembros de la OCDE, México fue el que presentó mayor corrupción en 2018.
México requiere mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas funcionales que le permitan avanzar en su objetivo de eliminar la corrupción, y generar un ambiente favorable para la inversión y el desarrollo económico, puntualizó la Coparmex nacional a través de un comunicado.
Agregó que ante la inmensa cantidad de recursos que los gobiernos estatales tienen pendiente por aclarar, es necesario que los diferentes órdenes de gobierno diseñen mecanismos efectivos que permitan rastrear el uso de recurso público entregado.
