El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito confirmó la sentencia de amparo que obliga a autoridades federales, estatales y municipales a coordinar y ejecutar acciones para el rescate y saneamiento del río Papaloapan.
De acuerdo con un informe, la resolución confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca y rechazó los recursos de revisión promovidos por diversas autoridades, porque ninguna dependencia puede desentenderse de la contaminación del río con el argumento de que la responsabilidad corresponde a otra instancia de gobierno, pues por el contrario, los gobiernos federal, estatal y municipal tienen obligaciones concurrentes y deben actuar de manera coordinada para proteger ese cuerpo de agua.
De este modo, la sentencia ordena a las autoridades diseñar, coordinar y ejecutar un plan integral de acciones para el rescate y saneamiento del río Papaloapan, pero no únicamente con la elaboración de un programa o del establecimiento de compromisos en el papel, ya que cada autoridad deberá realizar, dentro del ámbito de sus atribuciones, las obras, acciones y medidas necesarias para detener la contaminación, restaurar el equilibrio ecológico del afluente y avanzar de manera efectiva en su recuperación.
Entre las autoridades obligadas aparecen la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del gobierno estatal y el Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, quienes deberán intervenir de manera coordinada en el ámbito de sus respectivas facultades, sobre todo, porque la contaminación del río no constituye únicamente un problema administrativo, sino una afectación al derecho humano a un medio ambiente sano.
El juicio de amparo forma parte del trabajo desarrollado por Litigio Estratégico Indígena (LEI), organización dedicada a promover causas de interés público para que los tribunales generen soluciones a problemas estructurales relacionados con la protección del medio ambiente, los derechos humanos, los pueblos indígenas y el patrimonio cultural.
