Gerardo Valdivieso Parada / Noticias, Voz e Imagen del Istmo
JUCHITÁN, Oaxaca.- José Luis Ayala Álvarez, abogado general de la Universidad del Istmo, vinculó al presidente municipal, Emilio Montero Pérez, con la invasión de 20 hectáreas de su campus en este municipio, la cual fue realizada en abril de este año y el fin de semana pasado por pobladores de la agencia La Ventosa.
Gritan en el desierto
El abogado dijo que en la comunidad de La Ventosa saben que el edil está involucrado con los invasores según se les dijo, aunque el presidente municipal lo negó y les ofreció su apoyo, “pero nada más lo dijo de dicho no de hecho, no hemos recibido apoyo del municipio”.
Agregó que la policía municipal no los ha apoyado con vigilancia por los riesgos que corren los catedráticos que trabajan y viven en el campus ante la incursión de personas ajenas a sus terrenos; “sólo una vez vinieron a tomarse la foto y jamás volvieron a regresar”.
En la primera invasión que se dio en el mes de abril, en el marco de las elecciones municipales en donde Emilio Montero Pérez contendió para reelegirse, se le ligó con los invasores; incluso el agente municipal de La Ventosa, José Vera Cartas, que ha sido denunciado penalmente por encabezar el despojo, también ha negado su responsabilidad en la invasión.
Ante la falta de vigilancia de la policía, los representantes de la Universidad denunciaron una segunda incursión de personas que con maquinaria tumbaron la cerca y se han posesionado de más terrenos de la institución el sábado pasado.
Edil con antecedentes
Emilio Montero Pérez, dirigente de la organización FUCO, tiene antecedentes de invasión de predios para fundar colonias populares; es el caso de la Colonia Zapoteca, ubicada en la zona arqueológica de la Lagua Biahuidó.
Los campesinos y vecinos de Cheguigo lo acusaron también de estar en contubernio con las personas que pretendían invadir los terrenos propiedad del Ayuntamiento ubicados en la referida zona arqueológica y que se han organizado para defenderlos.
Luego de la declaración del abogado de la Unistmo, el edil emitió un comunicado en donde declaró que la autoridad responsable debe aplicar el estado de derecho contra los responsables del delito de despojo contra la universidad.
“El despojo cometido en contra del patrimonio privado o público, es un acto reprobable, y en el caso de la invasión a terrenos de la Universidad del Istmo (Unistmo), el Ministerio Público o el Juzgado de Garantías deben intervenir y resolver, conforme a derecho”.
Se lava las manos
El edil negó su pasado de invasor de tierras “en lo personal, siempre he manifestado la necesidad de respetar la propiedad privada o pública, y he subrayado la importancia de hacer valer el estado de derecho”.
Y en cuanto a la denuncia de los funcionarios de la Unistmo de que no se ha interesado en apoyarlos ante el despojo de sus terrenos aclaró que el Ayuntamiento “es una autoridad administrativa y no tiene la facultad de realizar labores de investigación, como lo hace una autoridad jurisdiccional, tal es el caso del Ministerio Público o el juez de Garantías, por lo que éstas deben actuar en el marco de sus facultades”.
