La protesta social en el sur de México suele dejar cicatrices que el tiempo no borra, sino que la burocracia profundiza. El caso de Filadelfo Aldaz Desiderio, un destacado defensor de la lengua y el territorio ayuuk, se ha convertido en el nuevo rostro de la impunidad institucional en el estado de Oaxaca. A casi dos años de haber sido víctima de una detención arbitraria que derivó en presuntos actos de tortura, el activista y las organizaciones que lo respaldan han decidido romper el silencio frente a la parálisis de la justicia.
El origen: Una protesta contra el despojo urbano
El calvario de Aldaz Desiderio comenzó formalmente el 29 de enero de 2024. En ese entonces, el activista —reconocido también por fundar la Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë— se sumó a una manifestación pacífica en San Bartolo Coyotepec para alzar la voz contra la gentrificación acelerada que desplaza a las comunidades originarias de la región.
La respuesta gubernamental no fue el diálogo, sino la fuerza. Tras una violenta intervención de corporaciones policiales estatales y municipales, Aldaz y otros compañeros fueron arrestados. Aunque recuperaron su libertad 48 horas después, las secuelas físicas y psicológicas apenas comenzaban. En un crudo testimonio manuscrito redactado al salir de las celdas en Santa María Coyotepec, el defensor narró haber sobrevivido a presuntas amenazas con armas largas, tortura y violencia sexual por parte de los elementos policiacos.
El laberinto legal y el cobijo de la sociedad civil
Cobijado por el colectivo Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio Oaxaca), el defensor indígena se plantó en el Zócalo de la capital oaxaqueña para evidenciar que la investigación penal en contra de los agresores está completamente congelada. Para las organizaciones civiles, la dilución de este caso no es un hecho aislado, sino una estrategia recurrente que se compone de tres fallas sistémicas. En primer lugar, existe una clara dilación procesal mediante trabas burocráticas que alargan el acceso a las carpetas de investigación. A esto se suma una profunda violencia institucional manifestada en la falta de perspectiva de derechos humanos al tratar crímenes de índole sexual cometidos por el Estado. Finalmente, impera una protección corporativa que se traduce en la ausencia total de suspensiones o castigos preventivos para los policías implicados.
Una exigencia que trasciende el caso
El reclamo generalizado en la plaza pública de Oaxaca no solo busca el castigo a los perpetradores materiales de la tortura contra el activista ayuuk, sino un cambio estructural. Consorcio Oaxaca y el propio Filadelfo Aldaz advirtieron que cada día de impunidad funciona como una licencia implícita para delinquir otorgada a las fuerzas del orden, lo que eleva exponencialmente el riesgo para cualquier persona que decida defender la tierra o la cultura en la entidad.
Por ello, el llamado urgente a la Fiscalía y al Gobierno del Estado exige una reparación integral del daño, la implementación inmediata de medidas estrictas de no repetición y garantías de protección efectiva para que Aldaz Desiderio pueda continuar con su labor comunitaria sin el temor de volver a convertirse en el blanco de las armas del Estado.
